El presidente sudanés Omar Hassan el-Bashir no acepta ni reconoce la orden de detención solicitada por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), el argentino Luis Moreno Ocampo.
Los cargos que constan en contra del mandatario del país más grande de África, son genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación al cruento conflicto de Darfur.
Es la primera vez en la historia que un jefe de Estado que ostenta el cargo, es imputado por el TPI y la tercera ocasión que un mandatario se enfrenta a este tribunal. Antes lo hicieron el serbio Slodoban Milosevic y el liberiano Charles Taylor.
Acusaciones de matar al menos a 35 mil personas y causar la “muerte lenta” de hasta 265 mil, que no son aceptadas por el Gobierno de Jartum.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Sudán, Ali al Sadiq, afirmó: “Consideramos la acusación del Presidente o de cualquier otro ciudadano de Sudán igual, no reconocemos nada que venga del TPI, para nosotros no existe”.
Pero el conflicto que sacude desde 26 de febrero de 2003, el oeste de Sudán, existe para las familias de las miles de personas que han perdido sus vidas y para los cerca de 2.5 millones de hombres, mujeres y niños que se han visto obligados por la violencia a dejar sus casas. Desde entonces viven en hacinados campos de refugiados, en precarias condiciones en medio de la sabana africana, bajo un sol abrasador. Sobreviven gracias a la ayuda de las organizaciones internacionales e instituciones.
CINCO AÑOS DE CONFLICTO
La crisis de Darfur se inició cuando el grupo autodenominado Frente de Liberación de Darfur (DLF) realizó un ataque al principal centro militar del distrito de Jebel Merra.
Los ataques de este grupo y del Movimiento de Liberación de Sudán (MLS) con el Movimiento Justicia e Igualdad (MJI) se unieron como fuerza de coalición contra el gobierno de el-Bashir, al que acusaban de oprimir a la población negra a favor de los árabes.
A finales de julio de 2003, las fuerzas militares estatales habían sido humilladas por los rebeldes. El Gobierno sudanés cambió de estrategia y basó su esfuerzo bélico en tres elementos: la fuerza aérea, la inteligencia militar y los yanyauid. Estos últimos son ganaderos de Baggara armados por el Gobierno entre 1996 y 1999 para reprimir el levantamiento de los massalit.
Los yanyauid se convirtieron, con el beneplácito del gobierno de el-Bashir, en una fuerza paramilitar.
En la primavera de 2004, miles de personas de etnias no árabes habían sido asesinadas y cerca de un millón había huido de sus viviendas. Este grupo de ganaderos extendió la ley de “tierra quemada”, obligar a los ciudadanos a huir y después quemar sus casas y propiedades para impedir que regresen.
En aquel entonces, observadores de las Naciones Unidas ya informaron de esta práctica al afirmar que las aldeas no árabes habían sido arrasadas, mientras los poblados árabes seguían intactos a pesar que en algunos casos solo los distanciaban 500 metros.
En agosto de 2004, la Unión Africana ante la gravedad de los hechos comenzó el envío de una fuerza militar que en abril de 2005, alcanzó los 7 mil soldados. Este contingente intentaba supervisar el cumplimiento del alto el fuego firmado el 8 de abril de 2004 en Yamena entre el Gobierno sudanés y el MJI y MLS. Pero tras la firma, tanto los yanyauid y los rebeldes continuaron sus ataques.
Ante la incapacidad de terminar con los enfrentamientos, siguieron los intentos de encontrar una solución que llevara la paz a esta región. El 5 de mayo de 2006, el Gobierno sudanés firmó un nuevo un acuerdo con una fracción de MLS. Pero este entendimiento fue rechazado por el MJI así como por otras fracciones del MLS. El principal punto era el desarme de los yanyauid y la incorporación de los rebeldes negros al Ejército sudanés.
CRISIS HUMANITARIA
Mientras se firmaban acuerdos que no se cumplían, el número de civiles muertos y desplazados aumentaba.
Hasta la fecha es muy difícil establecer la cifra real de fallecidos y de personas que han perdido sus casas. El número aceptado por Naciones Unidas es de 400 mil muertos y 2.5 millones y medio de desplazados. Además se confirmó el uso de la violación sexual como arma de guerra.
Ante una situación cada vez más deteriorada, el Consejo de Naciones Unidas aprobó una resolución el 31 de agosto de 2006 para enviar a Darfur una fuerza de pacificación compuesta por 17 mil 300 soldados.
El Gobierno sudanés expresó su rotundo rechazo a esta decisión y como respuesta el 1 de septiembre de ese año lanzó un gran ataque a esta zona. Además se solicitó la retirada del efectivo de la Unión Africana.
A pesar que en octubre de 2006, se suspende el plan de envío de tropas de Naciones Unidas, el Consejo de este organismo volvió a aprobar con unanimidad el 31 de julio de 2007 otra resolución que permitía el envío de 19 mil 555 soldados y de 6 mil 432 policías. Se creaba así la fuerza multinacional UNAMID.
Su presencia no ha hecho que el conflicto cese, pero si ha paliado los daños y ataques a la población civil afectada por este enfrentamiento entre rebeldes y el Gobierno de Jartum.
TEMORES
Ahora, los analistas internacionales temen que esta petición de detención contra el Presidente sudanés produzca un alto en el proceso de paz en el oeste del país. Una orden que es el resultado de tres años de intensas investigaciones llevadas a cabo por el TPI a petición de la ONU que es el único organismo que puede bloquear este fallo judicial durante un año.
De momento, la decisión final está en manos de tres juezas: Akua Kuenyehia (Ghana), Sylvia Steiner (Brasil) y Anita Usacka (Letonia).
Los miembros del tribunal tendrán que tener en cuenta las últimas declaraciones del fiscal jefe del TPI.
“Bashir está ejecutando este genocidio sin cámaras de gas, sin balas ni machetes. Es un genocidio por desgaste”, afirmó el argentino Moreno Ocampo.
Además, añadió que “la evidencia de la acusación muestra que el-Bashir planeó e implementó un plan para destruir una parte sustancial de los grupos fur, massalit y zaghawa a causa de su etnicidad”.
Y a la espera de la decisión del TPI, la misión mixta de la Naciones Unidas y de la Unión Africana comenzó a evacuar de la zona a todo el personal no esencial. Cerca de 2 mil 500 empleados de los 10 mil que tiene la Naciones Unidas en Darfur, fueron trasladados ante un posible aumento de la violencia.
Esta decisión fue tomada unilateralmente por los dos organismos a pesar de las reiteradas declaraciones del Gobierno sudanés que garantizará la seguridad de los trabajadores de la UNAMID.
“Es una medida desdichada. La toman a pesar de nuestras garantías repetidas de que les ofreceríamos protección y que podrían realizar su trabajo diario”, declaró el portavoz de la Cancillería sudanesa, Ali al Sadiq.
De cualquier manera, el destino de el-Bashir depende del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al cual apela el Gobierno de Sudán para paralizar cualquier orden de detención.
Lo cierto es que el TPI, que es independiente de la ONU, no tiene capacidad ni medios para ejecutar el arresto del mandatario en caso que se apruebe. El TPI al que apoyan 106 países, pero no Sudán, se enfrenta en estos momentos a una dura prueba para mostrar su capacidad de juzgar este tipo de delitos.
