El Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó ayer miércoles los recursos interpuestos por 12 de las 25 personas condenadas el año pasado por nexos con un escándalo de corrupción que sacudió en 2005 al gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), cuyas penas serán revisadas.
El voto del ministro de la Suprema Corte Celso de Mello definió a favor del acatamiento de los recursos, después de que la votación quedara empatada el viernes pasado, cuando cinco ministros votaron a favor y otros cinco en contra de que se revisen las condenas.
La decisión favorece a cuatro exponentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT): el exministro del Gabinete Civil de la Presidencia, José Dirceu; el expresidente y el extesorero de esa fuerza política de izquierda, José Genoíno y Delubio Soares, respectivamente, y el expresidente de la Cámara Baja, Joao Paulo Cunha.
Los beneficiarios de la nueva resolución tendrán derecho a que se revisen las condenas que les fueron aplicadas sin que hubiera unanimidad entre los ministros del Supremo y con al menos cuatro votos a su favor.
Condenado a 10 años y 10 meses de prisión en régimen cerrado, Dirceu, el ex hombre fuerte de Lula y considerado por la Fiscalía como la “cabeza” del esquema de corrupción, que consistía en pagar sobornos mensuales a los legisladores aliados a cambio de que apoyaran al gobierno en el Congreso, podrá ver reducida la pena y cumplir la prisión en régimen semiabierto.
Los otros emblemáticos dirigentes del partido de izquierda también podrán contar, eventualmente, con beneficios similares, una vez realizado el nuevo juicio, que podría arrastrarse por casi un año, según juristas.