Las gestiones para limitar o eliminar un programa temporal de braceros en Estados Unidos será la primera prueba del proyecto de ley para reformar la ley de inmigración, dijeron ayer martes los líderes del Senado.
La primera enmienda, patrocinada por el senador demócrata Byron Dorgan, eliminará la concesión de 400 mil visados anuales para braceros temporales.
Conforme al proyecto de ley elaborado por un grupo bipartidista y respaldado por la Casa Blanca, esos braceros podrían quedarse por dos periodos de tres años, siempre y cuando abandonen Estados Unidos durante un año entre cada periodo. Muchos de los poseedores de esos visados serán trabajadores sin oficio calificado empleados en tareas no agrícolas como la construcción, jardinería y plantas empacadoras de carne.
Ese plan ha sido criticado por muchos sindicatos por temor a que mantengan los salarios bajos y creen una clase de trabajadores extranjeros víctimas de abusos. Otros grupos patronales consideran inviable la exigencia de abandonar el país entre los periodos de trabajo.
"Es una fantasía que se trata de trabajos que los estadounidenses no quieren hacer", dijo Dorgan. "Es un hecho que la gran mayoría de esos trabajos son efectuados en la actualidad por estadounidenses. La razón principal de que las grandes corporaciones quieran programas de braceros invitados es el abaratamiento de los salarios".
Si la enmienda de Dorgan es rechazada, su colega demócrata Jeff Bingaman piensa presentar otra para reducir el número de visados anuales para braceros temporales a 200 mil.
Los líderes de la cámara alta dijeron que tanto los demócratas como los republicanos presentarán enmiendas de forma alterna, un proceso que seguramente durará toda la semana y que será reanudado tras el feriado nacional del 28 de mayo.
Una vez que la enmienda de Dorgan sea aceptada o rechazada, el republicano Lindsey Graham presentará otra que estipula penas carcelarias obligatorias para los extranjeros detenidos al cruzar la frontera ilegalmente.
La reforma de la ley de inmigración contempla reforzar la vigilancia fronteriza, otorgar estatus legal a casi todos los 12 millones de indocumentados que residen actualmente en Estados Unidos (otros estiman que suman ya 14 millones) y aumentar las penas a los patronos que contraten trabajadores indocumentados. Además, creará un sistema por puntos para los futuros inmigrantes que soliciten visado.