Que se suspenda la resolución No.69 de 2006 del Ministerio de Obras Públicas que ordena la remoción inmediata de estructuras y anuncios publicitarios de las servidumbres viales y pluviales a nivel nacional, solicitaron los alcaldes y representantes de corregimiento al Presidente de la República, a través de una nota de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).
Las autoridades locales reunidas en Farallón acordaron enviar una nota urgente al presidente, Ricardo Martinelli, luego de reunirse con miembros de la Asociación Panameña de Publicitarias, al estimar que la resolución afecta directamente la ejecución presupuestaria y merma la recaudación de impuestos municipales.
Sobre este tema, Jorge Herrera, presidente de la Amupa, señaló que es necesario que el ministro de Obras Públicas, José Suárez, se reúna con las autoridades locales para que se busquen mejores soluciones a este problema, dado que los municipios dejarán de percibir importantes ingresos si estas vallas son removidas de la manera que se pretende.
Indicó que la consulta y el diálogo son los mecanismos más adecuados para resolver el problema, por eso le han solicitado al presidente la suspensión de la resolución de mero obedecimiento dictada por el MOP y una reunión entre los interesados.
Dámaso García, alcalde Colón, señaló que esta decisión es un duro golpe a la economía de los municipios, pero se mantendrá respetuoso de la decisión de las instancias legales.
No obstante, aclaró que es necesario fortalecer los erarios municipales para mejorar la calidad de vida de todos los distritos.
Carlos Jaén, alcalde de Penonomé, señaló que la Ley 106 de 1973 establece que los municipios son los que regulan la materia de publicidad de vallas, por lo que si se les arrebata a los municipios este derecho se retrocederá en el tema, toda vez que se centralizan aún más los ingresos del país.
Jaén hizo un llamado de atención al Gobierno para que descentralice y le brinde a los municipios las herramientas necesarias para desarrollar sus trabajos y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
“Si se le quitan los recursos que generan ciertos impuestos, entonces no se podrá dar respuestas a las necesidades de las comunidades”, reiteró Jaén, quien sostuvo que la medida adoptada por el MOP atenta contra la institucionalidad de los municipios.
A la fecha, la ley de descentralización sigue sin entrar en vigencia