Una nueva polémica surgió entre los ediles capireños y la alcaldesa de este distrito de la provincia de Panamá Oeste, Betzaida Sánchez, al decidir la funcionaria vetar el acuerdo que anula el cobro del impuesto de un centavo por transporte de aves.
El Acuerdo 01-15, que excluía del régimen impositivo el cobro de esta guía de transporte, había sido aprobado el 27 de enero pasado por los concejales.
Veto
Según la alcaldesa Sánchez, su decisión obedece a que el documento aprobado por los ediles deja entrever que ella se ha negado a hacer efectivo el cobro de dicho tributo municipal.
El recaudo de este gravamen resultaba imposible, dijo Sánchez, al no estar reglamentada la forma de cobro y solo haber pasado cinco días entre la publicación del régimen impositivo en la Gaceta Oficial y su modificación.
Otro artículo que la afecta indica que existen intereses comunes entre la alcaldía del distrito y los productores avícolas, “para realizar presiones desde diferentes niveles para evadir el cobro de esta contribución”.
Rechazo
Tal aseveración, indicó, es falsa, por lo que instó al Concejo de Capira a modificar ambas normas y remitírselo para su sanción.
Sánchez dijo, además, que se reunirá con los productores avícolas de este distrito para explicarles las razones por las que vetó el acuerdo.
Insistencia
No obstante, el representante del corregimiento de Campana, Gabriel Tuñón, dijo que para la próxima semana el Acuerdo 01-15, podría ser aprobado por insistencia y sin modificaciones.
Sostuvo que el veto de la alcaldesa Bezaida Sánchez “sorprendió a los concejales”. Aseveró que la decisión de los ediles de eliminar el cobro de la guía de transporte fue en razón de evitar una posible alza en el costo del pollo, toda vez que es uno de los productos regulados como parte de la canasta básica alimentaria.
Interés común
Tuñón indicó, además, que lo plasmado en el acuerdo se da en base a que la alcaldesa nunca asistió a las reuniones entre los ediles y avicultores, sino que optaba por celebrar reuniones de forma unilateral con este gremio productor.
Todo ello dio a entender que “existían intereses comunes entre la alcaldesa y avicultores”.
Contrariado
En tanto, productores radicados en Capira reiteraron que la actividad avícola en este distrito es fuente de trabajo para muchas familias, por lo que aplicar este impuesto podría derivar en el cierre de fincas productoras y desempleo.
Antecedente
La polémica por el cobro del impuesto de un centavo por el transporte de cada ave, desde las fincas avícolas en Capira, se inició en 2002, cuando fue incluido por primera vez en su régimen impositivo.
No obstante, durante tres distintas gestiones alcaldicias este cobro no ha podido hacerse efectivo por diversas razones, siendo la primera la oposición por parte de la Asociación Nacional de Avicultores.
En el distrito de Capira se contabilizan 15 fincas productoras de pollo, aunque en toda la provincia existen 42 fincas avícolas, las cuales producen un total de 100 mil pollos cada 60 días.