Nueva Esperanza, nombre romántico con que se le conoce al centro penal de Colón, se ubica en la comunidad de Arco Iris, corregimiento de Cristóbal.
Su capacidad original es de mil 92 privados de libertad, pero debido al incremento del delito su población se ha disparado a mil 500 internos.
Sin embargo, la que se creyó una prisión modelo hace 15 años, ahora es denunciada por el hacinamiento, infraestructuras en mal estado, deficiente servicio de agua potable y sistema sanitario, reyertas entre bandas rivales, las que dejan heridos y muertos.
Ante esta realidad que afecta a todos los centros penales del país, el Gobierno intenta poner en práctica una serie de alternativas que buscan cambiar el modelo de gestión y fortalecer la infraestructura de las cárceles.
Una de estas iniciativas es el Proyecto de Reformas al Sistema Penitenciario, propuesto por la ministra de Gobierno Roxana Méndez.
El viceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles indicó que la primera reforma es el modelo de gestión, ya que los custodios no serán más “cuida candados”. Ahora son vigilantes y al mismo tiempo tienen una función de rehabilitar, por lo que se les está preparando para que en esas medidas alternativas compartan con los privados de libertad.
Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, precisó que los problemas de los centros penales en Panamá son idénticos a los del resto de los países centroamericanos, pero que con estas reformas se busca humanizar un tanto las cárceles.
“Un paso muy importante que se ha dado en este camino es la creación de la Escuela y la Carrera Penitenciaria”, señaló. La intención es sacar gradualmente la fuerza policial de las cárceles, e instituir un cuerpo de custodio profesional.
La ministra Méndez también implementa el modelo de gestión aplicado en República Dominicana, el cual ha resultado exitoso, ya que en ocho años de implementación ha logrado resocializar a más de 2 mil internos.