Para los comerciantes chiricanos la falta de programas sociales de inclusión y de seguimiento está incidiendo en la ola de violencia que se registra en esta región del país, y coinciden en señalar que la situación se torna cada vez más alarmante.
Abdel Torres, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí, considera que los nueve homicidios que se han registrado durante lo que va de enero son producto de una sociedad que presenta síntomas graves de una enfermedad social.
Para el comerciante, la familia es la base de toda sociedad, por lo que se debe trabajar desde ese punto y desarrollar programas eficaces para contrarrestar los hechos violentos.
“Todo mecanismo que busque el Gobierno para detener este flagelo, con respeto a las leyes, considero que es bueno, pero se debe trabajar desde la familia para propugnar por el cambio y atacar frontalmente al crimen organizado ejemplarmente, para que la primera acción tenga resultados eficaces” , afirmó.
FORTALEZA
Para Camilo Brenes, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, capítulo de Chiriquí, el asunto no es adoptar una sola medida, ni aumentar el pie de fuerza, sino fortalecer al Ministerio Público con fiscalías especializadas que investiguen el pandillerismo y el crimen organizado.
Brenes se refirió a un estudio realizado por el sociólogo Danilo Toro sobre el pandillerismo en esta provincia, donde se indica que esta región es susceptible a ese tipo de organizaciones criminales, donde incluso hay familias involucradas.
“Se maneja como un asunto de negocio familiar. Estamos alarmados con esta situación, por lo que urge organizar acciones desde la cuna”, afirmó.
MEDIDAS
En tanto, el Gobierno informó ayer que tomó medidas de seguridad para contrarrestar las acciones delictivas en el país, tales como coordinar con fuerzas de otros países cuyos nacionales se vean involucrados en hechos de violencia para evitar su entrada a Panamá.
Igualmente, dijeron que pretenden realizar movimientos de personal en los estamentos de seguridad del Estado, a fin de fortalecer la presencia del recurso humano en las zonas de mayor incidencia delictiva.