Debaten rumbo de la nueva provincia

Debaten rumbo de la nueva provincia
La alcaldesa Nieves Mayorga y el asesor, Jorge Panay.

Los alcaldes de la nueva provincia de Panamá oeste acordaron una primera hoja de ruta con la intención de pedirle al Gobierno central la ayuda económica requerida para mejorar la infraestructura y el desarrollo de esta región.

En opinión del alcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, a los cinco distritos les aquejan problemas similares, como son la falta de escuelas, suministro de agua potable y la falta de un alcantarillado sanitario.

Además de esto, dijo que hay fuentes de ingreso económico para los cinco municipios, entre ellas el turismo, el cual está subexplotado, y que es un aspecto en el cual los cinco alcaldes pueden trabajar en conjunto.

Para la alcaldesa de Chame, Nieves Mayorga, la nueva provincia tiene un gran potencial por explotar, y urge comenzar a tomar decisiones propias en algunos problemas.

A su criterio, aun cuando los cinco distritos tienen potencial ecoturístico, existe un déficit de personal e infraestructura para atender los turistas y residentes provenientes de países como Canadá y Estados Unidos.

En Chame la temporada seca implica la llegada de una gran cantidad de turistas a los hoteles de playa, lo cual demanda más personal capacitado en idiomas y hotelería.

Por su parte, la asesora legal del municipio de Arraiján, Claudia Bárcenas, abogó por la iniciativa de realizar un congreso del municipio de Panamá oeste, donde estos temas sean llevados a discusión.

La alcaldesa de Capira, Betzaida Sánchez, insistió en que este primer ejercicio permite establecer las fortalezas y debilidades de la provincia, y unificar criterios para exigirle al gobierno la ayuda requerida.

Bárcenas insistió en que hay prioridades en donde los alcaldes pueden elaborar una plan para buscar un nuevo nombre a la nueva provincia, lo cual ayudaría a crear una identidad.

Según Sánchez, un problema a resolver en corto plazo es que municipios como el de Capira puedan crear la infraestructura necesaria para enfrentar la descentralización, que comenzará a regir en 2016.

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