Demandas por crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos y bloqueos en las comunicaciones telefónicas interpondrá la dirigencia indígena ngäbe buglé y el diputado del circuito 12-1, Ausencio Palacios, en contra del expresidente Ricardo Martinelli, en las instancias judiciales pertinentes.
El anuncio lo hizo el legislador en el discurso de cierre de la décimo quinta sesión ordinaria del Parlamento Indígena de América, del cual es su presidente, reunión que se celebró en el centro misionero La Virgen del Camino, en San Félix, Chiriquí, y que formó parte de los actos de rememoración de la masacre vivida por ellos hace tres años.
La cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, quien participó de los actos, dijo que ahora más que nunca los indígenas están vigilantes de la preservación de sus recursos y sus derechos. Por ello, instó al gobierno del presidente Juan Carlos Varela a cumplir con los Acuerdos de San Lorenzo, porque se trata de un pacto de Estado.
Quema de Martinelli
Miembros del Movimiento 10 de Abril y de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales escenificaron, por separado, marchas en repudio a la violenta represión practicada por los agentes antidisturbios ese 5 de febrero de 2012, cuando protestaban en contra de los intentos de reactivar la explotación minera y los recursos naturales de su comarca.
Durante estas acciones Jerónimo Rodríguez Tugrí cayó baleado en el cruce de San Félix y Mauricio Méndez murió en otra protesta en Las Lomas de David.
Al concluir las marchas, los grupos cerraron por 10 minutos el tránsito en la vía Interamericana y quemaron una efigie del exmandatario Ricardo Martinelli.
Habla Genisa
En tanto, en comunicado emitido ayer, Generadora del Istmo S.A. (Genisa), empresa que construye la hidroeléctrica Barro Blanco, expresó su intención de cooperar con los procesos y decisiones del Gobierno nacional para lograr la solución que más convenga al país.
Insistió en que las inundaciones que puedan producirse solo afectarán 5.8 hectáreas de áreas anexas de la comarca indígena, e instó a que se respete la seguridad jurídica de la inversión.