Las hidroeléctricas en operación o construcción deben ser sometidas a una auditoría ambiental que no solo evalúe el cumplimiento de los planes establecidos en los estudios de impacto ambiental, sino que también verifique si son compatibles con las condiciones ecológicas y sociales de la cuenca.
Lo anterior es parte de las peticiones que hicieron agrupaciones ambientalistas del país que el pasado fin de semana se reunieron en Natá, provincia de Coclé, y cuyas propuestas fueron recogidas en un documento titulado Proclama Natá, dirigido a las autoridades gubernamentales.
Larissa Duarte, del Movimiento Campesino en Defensa del río Cobre de Veraguas, aseguró que ya en el país no se salva nada que sea agua, porque hay una apropiación de los recursos naturales, a lo que llamó“titulación de las aguas”.
CONCESIONES
Desde 1990 hasta la fecha las centrales hidroeléctricas en el país abarcan 12 cuencas madre, de las 52 existentes.
Datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos indican que hasta el momento se han otorgado 71 concesiones hidroeléctricas, entre las que ya están en diseño o construcción y las que todavía se encuentran en trámite.
A esto hay que agregarle 22 plantas que ya están en funcionamiento, según registros de 2013 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
Los ambientalistas manifestaron que 64 de las mencionadas concesiones se concentran en seis cuencas ubicadas entre las provincias de Chiriquí y Veraguas.
MORATORIA
En la Proclama Natá los ambientalistas solicitan que se declare una moratoria en el otorgamiento de concesiones que no estén cumpliendo con los términos del contrato, o que estén en trámite o sean solicitadas a futuro para la construcción de hidroeléctricas.
Piden a los directivos de la Anam que desarrollen una labor tendiente a garatizar el uso social y ecológico del agua.