Por incumplir aspectos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), las autoridades ordenaron la paralización provisional del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que se construye en el río Tabasará, distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.
Mirei Endara, administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), argumentó que las empresas Generadora del Istmo, S.A. (Genisa) e Hidráulica San José, S.A. no tenían un plan de manejo de petroglifos y otros hallazgos arqueológicos. Señaló que tampoco acataron auditorías solicitadas para verificar el manejo de la erosión y la sedimentación en el levantamiento de la presa.
Genisa S.A., por su lado, informó que, a pesar de que el proyecto tiene un avance de 95%, no había recibido notificación con relación al incumplimiento del EIA.
“La empresa ha cumplido con estos compromisos hasta donde lo han permitido las autoridades comarcales”, indicó Aldo López, vicepresidente y gerente general de Genisa.
Miembros del pueblo Ngäbe Buglé, que se oponen a la obra, expresaron su complacencia por la suspensión del proyecto. “Era lo menos que debían hacer las autoridades”, dijo Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, que había anunciado protestas.
El Gobierno panameño decidió suspender temporalmente el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco por haber incumplido con su estudio de impacto ambiental (EIA). Así lo anunció ayer la ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo.
En una conferencia de prensa en la Cancillería, en la que participaron varias autoridades, la administradora de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Mirei Endara, explicó que las empresas Generadora del Istmo, S.A. e Hidráulica San José, S.A. incumplieron con el EIA, al no encontrar un acuerdo con la comunidad afectada por el proyecto.
Dijo que no se desarrollaron los procesos de negociación, además de detectarse la ausencia de un plan de manejo arqueológico aprobado por el Instituto Nacional de Cultura (Inac) para la protección de petroglifos y otros hallazgos arqueológicos en esta área.
“Esta es una paralización temporal en función de los hallazgos que la administradora de la Anam ha explicado con detalle (...) Este es un país respetuoso de la seguridad jurídica, este un país interesado en seguir atrayendo inversión extranjera y que respeta la ley”, indicó la canciller.
Endara explicó también que este es un proceso administrativo que puede terminar en una sanción o de una paralización total. “Tenemos diferentes instrumentos de gestión ambiental que obliga a la empresa tener que cumplir”, afirmó.
Endara precisó que los informes que se están utilizando para aplicar la sanción datan de 2013, pero inclusive, desde 2011, están verificando diferentes incumplimientos en el área.
La empresa tiene derecho por ley a una reconsideración a todas las sanciones administrativas que se les apliquen, según la directora de la Anam.
Barro Blanco habla
Aldo López, vicepresidente ejecutivo de Generadora del Istmo S.A. (Genisa), afirmó que ellos siempre han mantenido el diálogo con la comunidad indígena.
“Nosotros somos los que con mucho valor y entereza decidimos hacer un diagnóstico rural participativo y se llegó a la conclusión que sí se podía hacer el proyecto, se hicieron 45 consultas ciudadanas y unas 40 reuniones con el cacique y sus asesores”, argumentó.
Recordó también que el proyecto tiene un avance del 95% y un costo aproximado $130 millones. Señaló además que es la cuarta suspensión que recibe la empresa.
“Ellos (la comunidad indígena) nos dieron la luz verde para hacer el proyecto. Después con el cambio de cacique y entra Silvia Carrera, ella entró bajo la norma de no a las hidroeléctricas. Ella está afiliada al M-10 que quiere la cancelación definitiva de Barro Blanco”, afirmó el inversionista.
López planteó que el gobierno tiene un camino: compensar a la empresa con aproximadamente, lo que se ha estimado, entre $300 millones a $500 millones, porque la empresa tiene deudas.
Ngäbes suspenden
Una vez conocida la decisión del gobierno, de suspender temporalmente el proyecto hidroeléctrico, las protestas programadas para este viernes 13, por la dirigencia indígena opuesta a la obra, fueron suspendidas.
La cacica general de la comarca Ngäbe Buglé, Silvia Carrera, expresó que esperaban esa decisión para poder dialogar.
“Eso lo dejamos claro, como requisito para poder sentarnos en una mesa tripartita. Creo que ahora hay que hacer estudios ambientales nuevos, porque en el gobierno anterior no hubo voluntad. El gobierno actual, si no tiene nada que ver, tomará la mejor decisión”, expresó.
Considera que los EIA que se hicieron con el gobierno pasado fueron en oficinas refrigeradas. Ahora, los técnicos deberán ir al campo para determinar si hay fallas y si las hay, que se corrijan.
Ricardo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, grupo de la comarca Ngäbe Buglé que se opone a la presa Barro Blanco, mostró su satisfacción por la decisión del gobierno y dijo que de esa manera están dispuestos a participar en la reunión tripartita y analizar las fallas que se han dado.
Miranda, dirigente de este movimiento indígena, considera que el gobierno está haciendo justicia social y actúa con transparencia, porque hay fallas en el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.
“Hay fallas en materia de derechos humanos para quienes viven a orillas del río Tabasará. Era lo menos que debía hacer el gobierno”, sentenció el dirigente.
Esta semana, los indígenas lanzaron un comunicado en el que instaban a sus hermanos de etnia, a la movilización masiva y posterior cierre de calles, a la vez que negaban sentarse a la mesa tripartita si primero no se suspendía el proyecto.
Afirmó que se descartan todas las acciones programadas para el viernes.