El pasado 8 de abril, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó la liberación de nueves darienitas oriundos de Jaqué, los que fueron acusados en 2010 por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de presuntos terroristas, por lo que debieron guardar prisión.
Se trata de Johnny Siomar Panezo, Alfonso Pacheco, Nacor Rivera, Sebastián Badillo, Evelio Manuel López, Juan Carlos López, Evelio Baloy, Luis Pacheco y el indígena Jorge Chinicuí, de 26 años, quien murió en prisión por falta de adecuada atención médica.
Todos fueron detenidos en el poblado de Guayabo de Jaqué, por una acusación de participar en supuestos actos actos terroristas.
Marcial Mosquera, abogado defensor de los acusados, expresó que luego de cuatro años y nueve meses de cárcel el tribunal no encontró causa contra estos detenidos, acusados de forma caprichosa de uno de los peores delitos a nivel mundial: “terrorismo” y de narcotráfico.
El hecho se dio en Guayabo de Jaqué en 2010, luego que dos agentes del Senafront accidentalmente pisaran minas antipersonales, lo que se le atribuyó a un grupo de humildes campesinos. Luego del hecho, se hicieron redadas masivas en Jaqué y se llevaron a otras personas más, incluso, dos docentes.
Según el defensor, el error de los agentes fronterizos lo pagaron hombres inocentes de Jaqué, exonerando a los responsables, los guerrilleros colombianos que siguen presentes en Darién.
Para el jurista, con este exabrupto jurídico se violaron los derechos humanos de los afectados, fuera de que se les acusó sin pruebas ni investigación previa: simplemente fue un abuso y por ello reveló que la familia de los ocho detenidos interpondrá sendas denuncias contra sus acusadores y sembradores de falsas pruebas.
Así mismo, se demandará al Estado por daños y perjuicios y se pedirá el reintegro de los docentes y el pago de sus salarios caídos.
Se intentó conocer una reacción del director del Senafront, Frank Ábrego, pero un vocero autorizado informó que no lo pudo ubicar.