El coordinador para Panamá de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Gonzalo Medina, declaró que ese organismo fue informado de que autoridades costarricenses trabajan para desarticular redes dedicadas a explotar niños indígenas panameños en ese país.
Esto ocurre, agregó, por las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan más de 20 mil indígenas panameños que de septiembre a noviembre marchan al vecino país a laborar en fincas cafetaleras.
Explicó que la figura delictiva de quienes se aprovechan de niños para obligarlos a mendigar sería una trata internacional de personas.
“Muchos parten sin la documentación adecuada, pues evaden el pago de la tarjeta, que por acuerdos binacionales les permitiría recibir seguridad social en las fincas costarricenses, y eso los hace más vulnerables”.
Fiscalía investiga
Roberto Moreno, fiscal contra el Crimen Organizado, aclaró que la utilización de menores o personas con discapacidad para mendicidad forzada está tipificada en el Código Penal panameño, en su artículo 456-A y se sanciona con prisión de 15 a 20 años.
Adelantó que a partir de la creación de la Ley No. 79 de 2011, Contra la Trata de Personas, se han investigado de 8 a 10 denuncias anuales por distintas formas de engaño y explotación, en los dos años subsiguientes, pero consideró que la cifra oculta puede ser mucho mayor.
Moreno admitió que solo tres personas fueron procesadas por trata de personas para servicios sexuales.
Sobre la falta de recursos para enfrentar al crimen organizado, rechazó hablar del tema pero aceptó que los delincuentes poseen mucho capital para ir pasos por delante de las autoridades.
“Es necesario aplicar técnicas de agentes encubiertos y escuchas autorizadas de llamadas”, apuntó.
Abusos en fincas ticas
A su vez, la investigadora social Mercedes Álvarez, durante la celebración del Foro para la Prevención de la Trata de Personas, desarrollado en la Universidad Nacional de Chiriquí, del 26 al 27 de junio pasado, presentó los resultados de estudios de la OIM sobre trata de personas en Centroamérica.
La investigación desarrollada en Costa Rica no descarta el abuso contra los indígenas panameños. Según el documento, indígenas de Panamá confirman que las condiciones laborales son mejores en el vecino país y el pago acordado por cada lata de café es cumplido por los productores, pero los cosechadores explican que algunos caficultores les retienen sus documentos de identificación personal para obligarlos a mantenerse en las fincas.
De esta forma, si la mano de obra escasea, entonces los cosechadores tendrán que mantenerse trabajando en la finca donde empezaron y no podrían marcharse hacia otra empresa que les pague mejor por cada lata de café.
Desapariciones
Severino Mejía, investigador de la Universidad de Panamá, se manifestó alarmado por los casos de desaparición de menores y turistas que se presentan en Panamá y pidió a la comunidad colaborar con las autoridades.
Citó las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima las ganancias de criminales organizados en $32 mil millones anuales en todo el mundo, por la venta de 2.4 millones de personas, principalmente niñas.
Esas personas pueden ser obligadas a prostituirse, cumplir trabajos forzados, mendigar o ser asesinadas para extraer sus órganos, expresó Mejía.