La ausencia de la Policía Nacional frustró ayer viernes el tercer intento de lanzamiento de las aproximadamente 450 familias que habitan el asentamiento informal de La Gran Bendición, en Burunga de Arraiján.
Advertidos de la fecha del desalojo, los precaristas se mantuvieron en vigilia en la entrada principal de la finca, teniendo consigo palos y machetes.
Otra de las acciones tomadas fue la quema de neumáticos, que eran transportados al sitio en un pick up de propiedad de uno de los residentes.
Eiser Barroso, vocero de los precaristas, dijo que se intentó ejecutar el desalojo pese a estar amparados por un un acuerdo entre el presidente Juan Carlos Varela y la Coordinadora Victoriano Lorenzo, que les garantizaba no ser expulsados.
Barroso aseveró que seguirán insistiendo ante el Gobierno para que expropie la finca, la cual alegan ha estado abandonada por 60 años.
Los dirigentes de los invasores señalaron que dudan de la veracidad de los documentos aportados por la supuesta dueña del predio, Maritza González.
Al respecto, González, quien se atribuye la propiedad de las 37 hectáreas invadidas, dijo contar con los títulos de propiedad que en 2012 heredó de su padre.
Aclaró que aún está dispuesta a negociar con el Gobierno la venta del predio, aunque a precio comercial, el cual va de $12 millones a $15 millones.
No obstante, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial solo ha ofertado $4.8 millones, cifra que “no es compatible con el valor real”, según el abogado Roy Navarro.
Respecto a la no presencia de la policía en el desalojo, aseguró que podría interponer una demanda por extralimitación de funciones en contra del director de esa entidad, Omar Pinzón.
En la policía no se obtuvo ninguna reacción.