El Gobierno nacional, a través de la Comisión de Alto Nivel dirigida por la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado, confirmó que no cancelará el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que se construye en el río Tabasará, distrito de Tolé, provincia de Chiriquí.
No obstante, anunció que se sostienen conversaciones con bancos de la región que financian la obra para retirar a la firma Generadora del Istmo S.A. (Genisa) de la administración del proyecto y adjudicarlo a una empresa más responsable.
El anuncio, lejos de complacer a los grupos indígenas y campesinos, generó un malestar al punto de que abandonaron la mesa para consensuar en privado.
Al retornar del receso, la decisión de los grupos indígenas y campesinos se mantuvo en la cancelación del proyecto hidroeléctrico.
La cacica general Silvia Carrera subrayó que el anuncio “le dejó el corazón partido”, porque el Tabasará es un recurso natural valioso para el pueblo ngäbe buglé.
Manolo Miranda, del Movimiento 10 de Abril, advirtió que no están de acuerdo con la decisión oficial, porque el proyecto es incompatible con las poblaciones ngäbes y campesinas.
Al respecto, la vicepresidenta De Saint Malo de Alvarado admitió que el tema constituye un gran dilema para el Gobierno, para el que no hay una solución fácil.
“Son cuatro puntos que nos presentaron ustedes los grupos indígenas y campesinos; no podemos tomar decisiones si no consultamos con el resto del Gobierno”, expresó.
Recordó que el proyecto está suspendido por orden de la Autoridad Nacional del Ambiente, lo cual se mantiene. Se hacen trabajos específicos de mantenimiento de los taludes, pero no de avance de la obra, precisó.
La también canciller de la República dijo comprometerse como representante del Estado para garantizar los derechos de la comunidad, pero aclaró que el Estado no puede comprar la obra, porque no cuenta con los recursos para ello.
Habla Genisa
La empresa Genisa informó ayer mediante comunicado de que no había sido notificada oficialmente de la decisión planteada por el Gobierno con relación al proyecto Barro Blanco.
No obstante, reiteró que siempre ha valorado el diálogo y mantendrá su apoyo y respeto a las autoridades nacionales y comarcales.
“Estamos convencidos de que aún podemos lograr algún tipo de conciliación en el tema para evitar futuras consecuencias que afecten la seguridad jurídica del país”, puntualizó el comunicado.
Al final se acordó que las partes se reunirán dentro de 15 días para revisar los aspectos técnicos y económicos que pueden afectar a la población.