El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, informó que se iniciará una investigación sobre el destino que corrieron, tanto subsidios como materiales de construcción que la administración pasada del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del Programa de Ayuda Nacional (PAN) supuestamente entregaron a familiares y afectados de los disturbios de julio de 2010, en Changuinola, los cuales afirman no haber recibido.
Los subsidios, que se estiman en medio millón de dólares, salieron del PAN, instancia que hoy es objeto de investigación por el Ministerio Público, debido a múltiples anomalías en sus manejos.
El anuncio se dio al concluir la reunión de la comisión de seguimiento con el Comité de Afectados del 8 de Julio de 2010, en la que intervinieron su presidente, Jacinto Quintero, y otros dirigentes de organizaciones sociales.
Las confrontaciones por el rechazo de la Ley 30 de 2010, llamada “ley chorizo”, dejaron como saldo dos muertos, 83 afectados visuales y otras patologías, así como 700 heridos por perdigones.
Carles agregó que se trasladó al hospital Santo Tomás a una de las víctimas de las confrontaciones, el cual urgía de atención médica.
Puntualizó que , se le brindará seguimiento médico a estas personas, en tanto que para el próximo Consejo de Gabinete se discutirá un anteproyecto que eleva a ley de la República la ayuda humanitaria que reciben las víctimas de la represión policial, para luego ser propuesta a la Asamblea Nacional.
En dicha iniciativa, el Comité de Afectados del 8 de Julio de 2010 propone que se aumente el monto de la ayuda debido al aumento del costo de vida, ante lo cual el titular de Trabajo prometió revisarla, ya que la finalidad de la comisión es atender a las 277 personas que clínicamente se ha probado reflejan patologías derivadas de los proyectiles recibidos.
Erasmo Cerrud, subsecretario del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, dijo que ante estas irregularidades denunciadas por los actuales directores del PAN y del Miviot estarán muy pendientes de que se haga justicia.
Precisó que no es justo que haya desaparecido una gran cantidad de materiales que no llegó a sus legítimos beneficiarios, como también que se investiguen los abundantes recursos que manejó el PAN, los cuales no se reflejaron en resolver las necesidades de los afectados.
Actualmente, las dos viudas de los disturbios reciben al mes $500, los que perdieron la visión, $400 y quienes quedaron discapacitados por perdigones, $300.
Ayer, los 81 beneficiarios de esta ayuda se tomaron las oficinas del PAN en protesta porque no habían recibido sus cheques de enero.

