Solo un 20% de los asentamientos informales de las 352 comunidades de precaristas existentes en el país ha podido ser legalizado en los dos últimos meses, según datos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).
Magin Moreno, director de Asentamientos Informales del Miviot, indicó que este porcentaje corresponde a colonias de precaristas ubicadas en predios del Estado.
A través de un grupo de abogados del Miviot, se realiza un estudio de estos asentamientos en cada provincia, para determinar cuáles pueden ser legalizados.
Ley 20
Una de las opciones que se considera es la aplicación de la Ley 20 de 2009, referente a asentamientos comunitarios por antigüedad, la cual se aplica a aquellos con más de 15 años y que no enfrenten procesos de desalojo.
Información sobre la existencia de estas comunidades se ha solicitado a los representantes de corregimiento.
“En los casos de invasiones a terrenos privados, ante todo se debe respetar la ley y negociar con los dueños de los predios”, aclaró.
Miles de precaristas
A nivel nacional, según datos del Miviot, existen 68 mil 864 familias subsistiendo en condiciones de precaristas, siendo la provincia de Panamá donde se asienta el mayor número de ocupaciones ilegales.
No obstante, hay comunidades de precaristas en terrenos privados y nacionales que se niegan a aceptar la intervención del Miviot, para realizar el censo y el estudio socioeconómico.
Uno caso conocido es el del asentamiento La Gran Bendición, en el distrito de Arraiján, donde se negocia con los dueños de las tierras y “ver a qué acuerdo podemos llegar”. Tan solo en el distrito de Arraiján se calcula que 5 mil personas viven en asentamientos informales.
Caso de Cerro Azul
Un caso de viejo precarismo es el de San Pedro de Cerro Azul, al este de Panamá, corregimiento de Pacora.
Unas 15 familias ocupan esta comunidad desde hace 20 años, por lo cual se le considera un “asentamiento comunitario por antigüedad”. Cerro Azul es un área catalogada altamente turística.
Una de las residentes es Ana María Valdés, quien llegó a poblar ese lugar hace 19 años, procedente de Veraguas. Desde entonces no ha dejado de soñar que algún día llegará el momento de contar con los documentos que la hagan propietaria legal de esas tierras y le permitan gestionar un préstamo para mejorar su vivienda.
Buenas noticias
Hace cuatro meses, la dirección de Asentamientos Informales les explicó a estas familias que están amparadas bajo la Ley 20 de 2009, la cual establece legalizar aquellas tierras privadas que estén ocupadas por invasores, y que a su vez no tengan ningún impedimento de tipo legal (lanzamiento por intruso).
Además, deben demostrar que tienen más de 15 años de habitarlas y cumplir con los requisitos que exige la ley referente a los asentamientos informales y principalmente aquellos que son por antigüedad.