La construcción de la hidroeléctrica Changuinola 1, a inaugurarse este 31 de agosto, continúa generando conflicto entre la comunidad indígena que reside en el área y la empresa AES Changuinola, responsable de la obra.
Bernardino Morales, vocero de la comunidad, aseguró que la situación es “preocupante y alarmante”, ya que la empresa AES Changuinola empezó el cierre de las compuertas afectando a cientos de familias indígenas ngäbes que no han llegado a una negociación con la empresa y que no se han retirado de sus tierras.
Morales manifestó que cerca de 150 personas, miembros de tres familias, pudieran ser afectadas, ya que no han llegado a un acuerdo con la empresa. Pese a ello, añadió, la empresa ha iniciado el proceso de embalse poniendo en riesgo a estas personas que viven en estas tierras desde 1964.
No obstante, Thays de Mejía, de la empresa AES, aclaró que no es cierto que se hayan inundado las viviendas y afectado animales que quedan aún en el área del embalse. “Todavía el embalse no ha llegado a la comunidad de Guayabal”, afirmó.
Reiteró que las familias que no han logrado todavía un acuerdo con la empresa son las de Carolina Tera, la de Daniel Morales y la suya.
Jorge Saldaña, morador de la comunidad de Santa Rosa, dijo que con el embalse que ha iniciado AES, unas 12 comunidades que tienen una población que supera los 2 mil moradores han quedado incomunicadas, porque al cerrar las compuertas se ha secado el río, que era el único medio de trasporte.
Por ello, agregó, le están pidiendo a la empresa que construya una carretera de 15 kilómetros hasta la comunidad de El Guabo, para que los productores de estos poblados puedan salir y entrar a sus comunidades.
José Calvo, gerente de planta de AES Changuinola, explicó que desde hace meses la empresa emprendió una campaña de comunicación local con el fin de que los moradores de caseríos aledaños, tanto río abajo como en el área del futuro embalse, tengan información veraz y de primera mano.
Además, AES Changuinola mantiene informadas de todos los procesos a las autoridades competentes de Panamá y Bocas del Toro.