Tras varias protestas por parte del grupo de acudientes que se opone al traslado del Centro Básico General de Paso Canoas Internacional hacia la zona de Cuervito, distrito de Barú, el gobernador de Chiriquí, Hugo Méndez, conversó con los padres de familia disconformes y se comprometió a que en esta semana acudirá al área un representante de la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vásquez.
La permuta
La pugna que ha dividido a los padres de familia surgió luego de conocerse que el Consejo Municipal de Barú aprobó el pasado 16 de febrero, un acuerdo que autorizó al alcalde Franklin Valdés a permutar la finca municipal número 18,279, con superficie de 5 mil metros cuadrados, a cambio de la finca 3415 de propiedad de la empresa Alba Racín, S.A., cuya extensión es de 6 hectáreas.
Al respecto, el alcalde Valdés señaló que el terreno permutado es para la construcción de una escuela modelo o de excelencia para Paso Canoas, cuya inversión será de $25 millones.
Explicó que se trata de un proyecto de Estado, dado que el actual colegio ya no responde a las necesidades de sus 734 alumnos. A eso sumó que la ministra de Educación le pidió a la alcaldía gestionar un terreno para erigir el nuevo colegio.
Una visita al plantel revela que el calor es insoportable, existe hacinamiento, carece de áreas seguras para desalojo en caso de sismo, sin zonas de inclusión. Además, el colegio ha quedado incrustado en una zona netamente comercial, lo que impide el desarrollo de dicha actividad en plena frontera.
Controversia
Sin embargo, la pugna surge porque luego del acuerdo entre el municipio de Barú y la sociedad Alba Racín S.A. para la permuta, surge una segunda permuta.
Alba Racín S.A. segrega una parte de su finca y la vende a un comerciante del área de Paso Canoas. Este entonces procede a una permuta con el municipio de Barú, y adquiere la finca en que está enclavado el colegio a cambio de las 5 hectáreas que antes pertenecieron a Alba Racín, ubicada en el sector de Cuervito, a 5 kilómetros de distancia del actual colegio. Esto lo rechaza un grupo de acudientes.
Jonathan Quirós, su vocero, asegura que el terreno en que se pretende levantar la obra es inundable y queda muy distante, por lo que se requeriría pagar transporte colegial para trasladar a los estudiantes, lo que afectaría a la economía de los padres de familia.
En tanto, el alcalde Franklin Valdés dijo que en la transacción del terreno no hay ningún negociado.