Ayer, un grupo de pescadores encabezado por el presidente de la Asociación de Pescadores de Pedregal, Filiberto Díaz, pidió al obispo de David, José Luis Lacunza, que actúe como mediador entre el Gobierno y ellos, a fin de hallar una solución al decreto ejecutivo 486, que prohíbe la pesca con palangre.
El obispo Lacunza respondió, de forma lacónica, que analizaría la petición hecha por los pescadores.
En tanto, Natividad González, dueño de una motonave anclada en uno de los muelles de Pedregal, cuestionó el decreto, porque existen incongruencias en la forma de clasificar las naves (sea para pesca ribereña o artesanal y semi-industriales).
A juicio de González, el Gobierno les está quitando el mar como sustento económico, para entregarlo al turismo o a empresas atuneras sin darles una alternativa.
Mientras, en esta capital se realizaba una reunión de alto nivel en que participaban altos personeros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, de Recursos Acuáticos y otros, en busca de una solución al tema.
Giovanni Lauri, administrador de la Autoridad de Recursos Acuáticos, subrayó que estaba abierto al diálogo, pero no bajo presiones de quemar llantas y cerrar vías.