Las familias residentes en diversos asentamientos informales del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, retomaron su lucha en las calles para insistir al gobierno que proceda con la compra o expropiación de las tierras que ocupan.
Precaristas de cinco asentamientos informales que integran la Coordinadora Victoriano Lorenzo realizaron ayer martes, un piquete ante la Alcaldía de Arraiján.
Pablo Martínez, abogado de esta agrupación, acusó al alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez, de avalar una orden de desalojo en contra de 270 familias ubicadas en Las Veraneras.
Según Martínez, con esta acción el alcalde arraijaneño pretende ignorar el acuerdo logrado en 2014 entre la coordinadora y el Ejecutivo, para suspender los desalojos.
Martínez insistió en que el presidente Juan Carlos Varela debe tomar una decisión, a corto plazo, sobre la solicitud de compra o expropiación de la tierras hecha por la coordinadora.
El jurista admitió que no existe ningún diálogo con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu, a quien acusó de estar valiéndose del programa Techos de Esperanza para beneficiar a sus empresas.
Esta acusación fue rechazada por el titular del Miviot, quien por el contrario pidió a la dirigencia de los precaristas permitirle el ingreso a los asentamientos para explicar el programa.
Dijo, además, que en algunos casos, como en el asentamiento de la Gran Bendición, no es posible la expropiación, dado que ya existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el tema de la expropiación de tierras, el presidente Juan Carlos Varela aseveró que el gobierno “no puede tomarse tierras privadas”.
Aun cuando se ha dialogado con los dueños de los terrenos, no se ha logrado un acuerdo sobre el precio de venta, añadiendo que la ley no permite adquirir tierras con un costo por encima del valor catastral.
Para el próximo 5 de marzo, la Coordinadora Victoriano Lorenzo planea una marcha desde la plaza Porras hasta la Presidencia de la República.