Sin la presencia de los dos grupos indígenas que se oponen al proyecto Barro Blanco, se inició ayer en David el diálogo ampliado sobre el futuro del proyecto hidroeléctrico en el río Tabasará.
El diálogo sobre la hidroeléctrica de Barro Blanco entre grupos indígenas y representantes del Gobierno se reanudó ayer en David, provincia de Chiriquí.
A la cita, realizada en el hotel Nacional de esta ciudad, acudieron los miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, el presidente del Congreso General Ngäbe, Edilberto Sánchez, los diputados indígenas Ausencio Palacios y Jaime Pedrol, y la vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado.
Los grandes ausentes fueron la cacica general Silvia Carrera, que lidera el Movimiento 10 de Abril (M-10) y los dirigentes del Movimiento 22 de Septiembre (M-22), que dirige la cacica regional Clementina Pérez, quienes desde hace semanas advirtieron que solo conversarán con el presidente Juan Carlos Varela en los sitios donde se encuentran, pero no en David.
La base de operaciones del M-10 es el Centro Misionero Jesús del Obrero, ubicado en Tolé, mientras que desde hace 18 días el M-22 se encuentra en la entrada del proyecto.
Chito Gallardo, del M-10, reiteró que la única propuesta que le presentarán a Varela es la cancelación de la hidroeléctrica.
“Lo vamos a esperar (a Varela) el viernes, que sea serio y nos traiga una respuesta”, dijo a su vez la cacica Carrera.
Todos deben participar
“Creemos oportuno escuchar e incorporar todos los puntos de vista al diálogo de Barro Blanco”, sentenció por su parte la vicepresidenta de la República,
Pero, Edilberto Sánchez, presidente del Congreso General, indicó que ahora es que la mesa tiene la representatividad, porque están presentes las autoridades tradicionales verdaderamente escogidas por los pueblos indígenas.
GENISA
En tanto, la empresa dueña del proyecto, Generadora del Istmo S.A. (Genisa), volvió ayer a solicitarle al Gobierno que llame al orden público y que se permita el libre acceso a su propiedad privada.
En un comunicado informó que las pérdidas económicas debido a la suspensión de los trabajos desde febrero pasado rondan los $20 millones.