Sin un informe económico y con respuestas un tanto evasivas se presentó el alcalde de Penonomé, Agustín Méndez, ante la sociedad civil penonomeña que le había exigido un reporte detallado de los ingresos del Carnaval Acuático “Tras las huellas del Cucuá 2015”.
El alcalde, y también presidente de la junta del Carnaval, estuvo acompañado solo por dos de sus miembros: Juan Trujillo, fiscal, y Federico Bakhta, vicepresidente.
Estas dos figuras son las más cuestionadas y con mayor cantidad de denuncias por la comisión de supuestas irregularidades, sobre todo por el abuso en la ubicación de puestos de venta de licor y cobro ilegal de impuestos.
Miembros del Comité Pro rescate del Carnaval Acuático penonomeño entregaron al alcalde un memorándum en que solicitan, entre otros puntos, la integración de un patronato de Carnaval, eliminación de las tarimas de la avenida Central, respeto a las tradiciones y presentación de un informe económico detallado con facturas y copias de los contratos, para someterlos a auditorías.
Durante el cabildo celebrado en el vestíbulo del municipio, los residentes cuestionaron al alcalde sobre el exagerado volumen de permisos para la venta temporal de licor, cobro irregular de impuestos y supuestas amenazas de un funcionario municipal y miembro de la junta de Carnaval contra una comerciante asiática.
Igualmente, el nombramiento de una embajadora o princesa Zaratí por encima de las comparsas, la contratación de artistas con honorarios exagerados, el aporte del Gobierno nacional al Carnaval, nombramiento “de a dedo” de la junta de Carnaval, cobro por ingreso de hieleras y su concesión.
Otras quejas se centraron en lo que algunos califican el secuestro de barrios, como El Bajito, lo que impidió la circulación peatonal y vehicular por la instalación de tarimas para presentaciones.
Pocos de estos cuestionamientos fueron respondidos con exactitud por el alcalde. Justificó el exceso en la concesión de quioscos de venta de licor y cerveza aduciendo que el tema “se les escapó de las manos”. Sobre las amenazas a comerciantes, afirmó que nadie se ha ido a quejar, pero prometió llamar a la comerciante agredida para conversar con ella.
Aseguró que el cobro a las hieleras se vendió en $2 mil 500 y hubo al menos cinco propuestas de las que supuestamente tenía documentación que no llegó a exhibir. Manifestó que su intención de ser presidente de la junta de Carnaval era conocer su manejo, al tiempo que se comprometió a analizar las propuestas y recomendaciones que el pueblo le hizo.
Finalmente, prometió que en cuatro días podría hacer público un informe pormenorizado de las actividades del Carnaval. La próxima reunión para definir la creación del patronato exigido por el pueblo se hará el 16.
Ada Vega de Figueroa, miembro del Comité, manifestó que no quedaron del todo satisfechos por las respuestas del alcalde, pues divagó mucho y no concretó nada, por lo que esperarán a que rinda el informe económico, para ver qué nuevas acciones se emprenderían.