Luego de los sucesos que tiñeron de sangre las calles de Changuinola, entre el 8 y 11 de julio de 2010, el gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli creó una comisión que investigaría a fondo los hechos. A la vez, otra comisión especial que atendería las necesidades de los lesionados, lisiados e invidentes, así como de las viudas de los obreros caídos.
Martinelli designó al entonces director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli, su representante en las gestiones de apoyo económico y humanitario. El anhelo de los afectados, que se aglutinaron en el Comité de Víctimas del 8 de Julio, era que se elevara la Resolución 136, mediante la cual se les otorgaba una ayuda humanitaria, a una ley propiamente dicha, lo que les permitiría mantener a sus familias y les dotaría de pensiones a aquellos que no podrían trabajar.
A Tamburrelli le sucedió el último director del PAN, Rafael Guardia, quien presionado por las protestas obreras visitó Changuinola, a fines de 2013. Este les aseguró que la propuesta para materializar esta aspiración ya reposaba en el Consejo de Gabinete, y que pronto sería enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación. Esta esperanza sigue pendiente de cumplimiento.