El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) servirá de mediador entre la Asociación Nacional de Avicultores y los concejales capireños, en la búsqueda de una solución al conflicto por el cobro del impuesto de un centésimo por el transporte de cada pollo hacia las plantas de procesamiento.
La semana pasada la cámara edilicia de Capira aprobó, por insistencia, el régimen impositivo municipal que contiene el nuevo gravamen con 12 votos a favor y uno en contra.
Por parte del Mici, la mediación estará a cargo de un equipo técnico dirigido por la secretaria general de la institución, María del Carmen Hoffman.
Las partes involucradas ya sostuvieron una primera reunión de acercamiento, informó el presidente de la cámara, Gabriel Tuñón, designado vocero de los ediles.
Según Tuñón, en el primer encuentro se analizó la posibilidad de eliminar el impuesto de guía de transporte a los avicultores y la entrega de algún tipo de subsidio por parte del Gobierno central al municipio.
Explicó además que el cobro del nuevo impuesto podría quedar en suspenso, una vez sea publicado en la Gaceta Oficial, y mientras se llegue a un acuerdo en las negociaciones.
“No obstante, el cobro de los impuestos de construcción y movimiento de tierra sí comenzará a regir para los avicultores”, puntualizó.
Consideró difícil que se pueda llegar a un acuerdo antes de que finalice el año, aunque para esta semana se coordina una nueva cita.
El diferendo entre el Consejo Municipal de Capira y los avicultores empezó en octubre pasado, cuando los ediles iniciaron la revisión del régimen impositivo.
El Mici ya había intervenido como mediador en el tema del cobro que pretendía aplicar el Municipio de Colón a los camiones distribuidores de pollo que llegaban a esa provincia.
Según el vocero, de lograrse un acuerdo entre las partes, habría que entrar a modificar el régimen impositivo para eliminar el impuesto en la guía de transporte de aves de corral.
$60 mil al año
Se estima que el cobro del nuevo impuesto podría generar $60 mil anuales al Municipio de Capira, lo que afectaría a 10 fincas avícolas que producen 500 mil pollos al mes, 6 millones al año.