Preocupante, hasta soltar las alarmas, fue la comparecencia del administrador del Canal ante la Asamblea Nacional. Si muchos ya dudábamos de la firmeza del señor Quijano para enfrentar los abusos del Grupo Unidos por el Canal (GUPC), tras sus últimas explicaciones, ahora y con sobrada razón pensamos que no es la persona capaz de defender nuestros intereses como dueños del Canal.
Después del reciente fallo de la Junta de Resolución de Conflictos, que reconoció compensaciones adicionales al GUPC, por 235 millones de dólares, que seguirán aumentando el costo del proyecto de la ampliación, que el Sr. Quijano para justificar el descalabro dijera: “Que el consorcio siempre ha inflado sus reclamos”, y que “nosotros tenemos un problema, de que tenemos (sic) un contratista que definitivamente está tratando de ver por dónde pesca para ver qué recoge”, es una auténtica irresponsabilidad.
Según el Sr. Quijano, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es víctima de sucesivas e injustificadas demandas del GUPC para que se le reconozcan sobrecostos. Eso nos sirve de muy poco frente al hecho de que esos reclamos siguen prosperando, porque la ACP ha sido calificada de negligente y, en consecuencia, tendrá que pagar centenares de millones adicionales al GUPC.
La relación entre al ACP y el GUPC está basada en un contrato. Sus términos, así lo aseguraban el administrador y la junta directiva del Canal, eran meridianamente claros; las obligaciones de cada parte estaban bien especificadas y nuestra posición como dueños de la obra estaba salvaguardada y blindada por fianzas y garantías inamovibles. En otras palabras, nada se había dejado al azar o la improvisación; se habían cerrado todas las compuertas para precavernos contra cualquier desviación o abuso por la empresa contratada que, además, si no cumplía con la entrega del proyecto finalizado en el plazo convenido, le serían impuestas y tendría que pagar multas de 380 mil dólares, por cada día de retraso.
Eso fue lo que se vendió al país cuando se le pidió que votara favorablemente en el referendo. Pero la realidad ha resultado distinta. La ACP nunca tuvo la sartén por el mango y si creyó tenerla, esa ventaja la tiró por la borda cuando al GUPC, después de haber suspendido, unilateralmente, los trabajos, se le hizo toda clase de concesiones para que los reanudara. Estas incluyeron: perdonarle los compromisos de devolver los pagos recibidos a cuenta de trabajo por realizar; la liberación de las fianzas de cumplimiento; la entrega de sumas en efectivo para que contara con el capital para poder trabajar; la prorrogación del plazo para la entrega de la obra, sin las anunciadas sanciones por retraso; y además, que pudiera, sin dar nada a cambio, seguir presentando nuevos reclamos por otros sobrecostos.
Si algo está claro, en ese trágico sainete, es que la ampliación no estará concluida en las fechas originalmente previstas y no hay seguridad de que se concluya en los nuevos plazos concedidos al GUPC. Y también es claro que el costo total del proyecto se incrementará, como mínimo, en un 50%.
La prolongación del plazo para la entrega tendrá como primer efecto, y no es necesario ser experto para saberlo, retrasar la recepción de los nuevos ingresos que debía generar el Canal ampliado. Y esos ingresos serán menores por cuanto habrá que pagar, y por más tiempo, los financiamientos, los originalmente contratados y los que se requerirá contratar para cubrir los costos incrementados del proyecto.
Si esas son realidades incuestionables, de nada servirá que el señor Quijano nos diga que el problema que ellos, es decir, la ACP, tienen, es que el contratista quiere buscar ventajas inflando los costos. Si como parece querer dar a entender el Sr. Quijano, el GUPC no está actuando de buena fe, su obligación es desenmascararlo; pero con argumentaciones sólidamente justificadas. Si ante cada demanda del GUPC, para aumentar sus ganancias, la reacción de la administración es blandengue y carente de informaciones documentadas para rechazarlas, hay que concluir que algo está“muy podrido en el reino de Dinamarca”.
En toda contratación, pero muy especialmente cuando se representan y defienden los intereses de una nación, los responsables están obligados a una conducta que sobrepase el concepto tradicional del “buen padre de familia”. Por la monumental importancia que para el presente y el futuro de Panamá, tienen las obras de la ampliación, a quienes se les ha encomendado administrar nuestro Canal no les está permitido fallarnos. Su obligación, para que ese patrimonio que nos pertenece a todos, siga sirviendo a las presentes y futuras generaciones, es garantizarnos los resultados que nos prometieron. Y si por negligencia o incapacidad no pueden cumplirnos, aparte de asumir las responsabilidades correspondientes, deben ofrecer sus renuncias.
