Pasado poco más de un mes luego de la publicación del primer artículo al que titulé Abajo el Telón, que hacía referencia a la designación del nuevo Contralor de la República, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Torrijos, nuevamente sorprende al país con una postura de carácter internacional. Se aprueba y promulga el nuevo Código Penal que contiene claras limitaciones a la libertad de expresión en nuestro país. Pese a los reclamos y recomendaciones de los gremios, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos, nada pasó. No conforme con esto, frente a la grave situación que afronta nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela en temas de libertad de expresión, tienen la "valentía" de decir que la decisión es "soberana del Gobierno venezolano".
Sí, es cierto. Definitivamente es una decisión soberana del Gobierno venezolano. Esto no está en discusión. Lo que no podemos tratar de ocultar es que el hecho se da como represalia directa por parte del Gobierno venezolano contra un medio de comunicación que tuvo, tiene y tendrá el coraje de llamar a las cosas por su nombre, de decir lo que es bueno y lo que es malo sin sentir temor a que dictadores -civiles o militares- les amenacen, les clausuren, e incluso maten. Se trata, evidentemente, de una medida de presión política que trata de acallar a quienes no coinciden con la gestión gubernamental.
La actual situación que vive Venezuela es una muestra de cómo los gobiernos presidencialistas de carácter autocrático transgreden de la manera más irreverente las leyes nacionales e incluso las de carácter internacional. El tema RCTV no se refiere únicamente a la libertad de expresión como derecho humano; también se refiere a la libertad de empresa, a la seguridad jurídica de los inversionistas y al principio de que el Poder Ejecutivo solo emana del pueblo.
En Panamá, hoy en democracia, con respeto y libertad, nos atrevemos a señalarle al Gobierno sus desaciertos, y por qué no, también sus aciertos. Pues en esta ocasión debemos decirles claramente que hacen mal al no tomar una postura firme, pero respetuosa, frente a este trascendental tema. Nosotros no seríamos hoy los reales administradores del Canal de Panamá de no haber sido por la opinión favorable de un gran número de naciones que se solidarizaron con nuestra causa frente a la nación más poderosa del planeta. Lo logramos. Aquello no se trataba de violación a derechos humanos. Esto sí. Por tanto, con mayor razón debemos hacernos eco de las manifestaciones de desacuerdo a las medidas tomadas por el Gobierno de Venezuela.
Es propicia la ocasión para que recordemos que como países signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de sendos acuerdos internacionales que promueven la libertad de expresión, todos debemos cumplir con el compromiso asumido al firmar dichos instrumentos jurídicos. Particularmente hago énfasis en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala lo siguiente: "Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
Cae nuevamente el telón que devela la falta de compromiso con la protección de un derecho humano como lo es la libertad de expresión. Esto reafirma la postura tomada por el Gobierno Nacional panameño de aprobar el Código Penal con artículos que limitan este derecho, pese a las múltiples manifestaciones de desacuerdo. Queda claramente evidenciada su postura de reconocer y validar las políticas autocráticas y populistas del actual Gobierno venezolano. Pierden nuevamente la oportunidad de mostrar una mejor cara como partido político realmente comprometido con la libertad, y de esa forma también están proyectando la imagen de nuestro país.
Abran los ojos. Dejen de proyectar esa imagen de país que está alejada de la realidad y del verdadero sentimiento de los panameños. Nosotros, los panameños, sí creemos en la libertad de expresión. La defendimos, la defendemos y la defenderemos siempre.
Por lo demás, tomemos nota. Se aproxima la cita quinquenal que nos convoca a ejercer el derecho al sufragio. Desde ya debemos conocer y analizar las posturas que frente a trascendentales temas como la libertad de expresión, la vida, la familia, las políticas sociales y económicas, entre otras, tomarán quienes aspiren a suceder a este gobierno. Tenemos que elegir y tenemos que elegir bien. Esta puede ser nuestra última oportunidad, antes de que nos llegue -esperemos que no- el turno de tener un dictador civil por gobernante.
