Lina Vega Abad lvega@prensa.com La supuesta deuda de un millón 300 mil dólares que tendría la Caja del Seguro Social (CSS) con el abogado Carlos F. Pérez Lagomasino, en concepto de honorarios profesionales, culminó el pasado martes con la renuncia al cobro de dichos honorarios por parte del abogado.
Pérez Lagomasino fue contratado en enero de 2001 por un año, como asesor legal de la Dirección General de la CSS, con un salario de mil balboas mensuales. Entre sus responsabilidades establecidas en el contrato por servicios profesionales estaban la atención, seguimiento y gestión en relación a procesos judiciales, civiles o penales... absolver todo tipo de consulta verbal o escrita... que se le asigne.
A pesar de la cifra establecida en su contrato, Pérez Lagomasino presentó en agosto de 2001 una factura por un millón 300 mil dólares a la CSS por haber defendido a la institución en el proceso arbitral seguido por la Compañía Nacional de Seguros, S.A. (CONASE).
En relación con esta factura, el director de la CSS, Juan Jované, declaró que no tenía validez, porque la única relación existente entre el abogado y la institución era el contrato por servicios profesionales citado.
Este incidente parece enmarcarse en la controversia existente entre la Dirección de la CSS y la empresa aseguradora CONASE, por la construcción del hospital de Aguadulce.
Antes de presentar la factura, Pérez Lagomasino solicitó al tribunal arbitral que condenara a CONASE a pagar los daños y perjuicios ocasionados a la CSS, más los gastos, costas e intereses. En otras palabras, cuando el abogado determinó el monto de sus honorarios pretendía que fueran pagados por CONASE.
La Prensa trató de confirmar esta versión con el abogado, pero el teléfono de su oficina siempre permaneció ocupado.
La pretensión de Pérez Lagomasino no fue oída por el tribunal de arbitraje, que en su laudeo (decisión) del 9 de octubre de 2001 determinó que las costas y gastos procesales corren a cargo de la parte que los ocasionó. Es decir, según la decisión del tribunal arbitral que podría ser hecha válida en cualquier tribunal de la República la CSS está en la obligación de pagar la suma solicitada por el jurista.
Y a pesar de su pública renuncia, el contralor de la República, Alvin Weeden, declaró a La Prensa que ahora el abogado deberá incluir esa facturación en su declaración de renta, según lo establece el sistema panameño. Además, Weeden señaló que el tribunal arbitral determinó que la cifra excede con mucho la que resulta de la aplicación de la tarifa de abogados.