"Y el proceso debe estar en manos de todos los sectores sociales para dirimir sus controversias sin ser, como hasta ahora, el medio de las minorías para legalizar las injusticias". Así escribió alguna vez el doctor Secundino Torres Gudiño en su célebre tratado académico de Derecho Procesal Civil legado a juristas actuales y de la posteridad.
Y es que en esta, su obra, manifiesta el autor su conocimiento científico respecto a la necesidad y legitimidad del ordenamiento procesal, no sin advertir reiteradamente los profundos defectos de que adolece desde su arcaico nacimiento. Hoy, no obstante, cuando conocimientos más profundos desbordan por todos los medios, las cosas no solo no han cambiado, han quizá empeorado.
Profesional es un término demasiado grande comparado a lo mucho que se utiliza y la ligereza que lo acompaña.
La ignorancia se ha encargado de tergiversarlo al punto tal que cualquiera así se hace llamar. El profesional sencillamente lo es, resuelve con calidad y honestidad, no se jacta ni finge serlo amparado por un documento de papel que fácilmente compra el dinero. Profesional es sinónimo de credibilidad y cordura donde no caben la alevosía ni el ánimo estafador.
No comprendo pues, cómo en Panamá, saturado ya de tantos "profesionales" del derecho, puede subsistir en medio de la cloaca jurídica que representa nuestro Sistema de Justicia. ¿Por qué o por quién se instituyen o refinan figuras jurídico procesales que propician la injusticia por un lado, y la corrupción descontrolada por el lado del juzgador o juzgadora?
Es posible quizá que comprendamos que algún proceso de controversia implique una jaula de una sola instancia sin protesto para el afectado, y que por ello son del mejor apetito para jueces y juezas principiantes o corruptos o ambas cosas. Lo que no podemos comprender es de que gocen aun más de toda una serie de mecanismos jurídicos inventados para ahuyentar la luz, la verdad material, la libre ventilación de hechos, encerrando a las víctimas que caen en el hoyo donde vinieron en busca de justicia y se hacen luego presa de su peor predador, funcionarios y jueces corruptos o malintencionados, a quienes las leyes les benefician con un pedacito del pastel siempre que logren la madurez de descubrirlo y con la promesa de que no serán auditados.
Me refiero a los procesos civiles municipales de cuantía inferior a mil balboas y única instancia, donde comúnmente se ejecutan acciones de secuestros y en los cuales con frecuencia ocurren exabruptos jurídicos o interpretaciones rebuscadas en la figura del juzgador y su sentencia, sumado a la complicidad legal de que antes de que los abogados de los afectados se den por enterados de la dañosa decisión, ya la misma ha sido notificada por edicto, sostenida en el despacho con el refrendo secretarial de rigor y ejecutada en todas sus partes, no cabiendo apelación, recurso de hecho o revisión alguna, de forma tal que a la sorpresa acompaña el rostro cínico del secretario o secretaria frente a la normalmente cerrada puerta del juez o jueza, que aunque se mantuvo en mora durante meses y atormentada por los impulsos de la parte a quien correspondía evidentemente el derecho, sorprende ahora su celeridad en la notificación del envío y de que ya no recuerda nada de lo sucedido; claro está, después de haber nombrado y cobrado su perito de confianza en la causa que le arrebató al desdichado ciudadano.
El autor es abogado
