Yolanda Espinosa lanzó la mirada por aquí y por allá. Le temblaban las manos. Para Espinosa, una adicta a la cocaína y a la heroína, desesperadamente necesitada de una dosis, una nueva ley mexicana que despenaliza la posesión de cantidades reducidas de drogas tiene un atractivo definitivo.
“Es bueno”, dijo en su estilo veloz de hablar. “Muy bueno”. Sin embargo, como alguien harta de su vida en la zona de tolerancia, donde ella y cientos de otros adictos viven en refugios para indigentes y caminan penosamente por las calles en busca de su siguiente dosis, Espinosa también tenía sus dudas sobre lo que hicieron los políticos de México.
“Nadie debería vivir como yo vivo”, dijo. “Es una vida horrible. Haces cualquier cosa para satisfacer tus ganas. Vendes tu cuerpo, te arruina. Espero que esto no haga que más gente viva así”, añadió.
La ambivalencia de Espinosa refleja la que hay en su país. Bajo el sitio de los narcotraficantes, México dio un paso audaz y polémico la semana pasada, cuando optó por ya no perseguir judicialmente a quienes llevan cantidades relativamente reducidas de marihuana, cocaína, heroína y otras drogas.
En cambio, a la gente que se le encuentre drogas para uso personal e inmediato, según la ley, se le referirá a programas de tratamiento gratuito donde se le considerará como pacientes, y no como delincuentes.
El esfuerzo de despenalización que muchos legisladores aprobaron con poco entusiasmo tiene el objetivo de liberar espacio en las prisiones para delincuentes peligrosos, así como para lograr en forma más eficaz que los adictos abandonen las drogas.
No es la única propuesta legislativa presentada que, probablemente, nunca se habría considerado si el país no se encontrase en medio de una guerra sangrienta y, aparentemente, interminable contra el narcotráfico. Algunos legisladores ahora proponen la pena capital, que no se ha aplicado en México por casi 50 años, como una respuesta a los males del país. En abril, el Congreso debatió si se debía legalizar totalmente a la marihuana, una medida a la que se opone ferozmente el presidente Felipe Calderón.
De conformidad con la nueva ley, un registro policial que produce medio gramo de cocaína, el equivalente a cerca de cuatro líneas, no conlleva cárcel. Lo mismo se aplica para cinco gramos de marihuana (cerca de cuatro cigarrillos), 50 miligramos de heroína, 40 miligramos de metanfetaminas o 0.015 miligramos de LSD.
“¿Podría tener todo eso y no me tocarían?”, preguntó sorprendida Espinosa. Apenas si fue la única que se perdió el anuncio del Gobierno, que intencionalmente fue muy discreto.
Por temor a malas interpretaciones, el Gobierno publicó esta ley con pocas fanfarrias el jueves pasado.
“Esto no es legalización”, dijo Bernardo Espino del Castillo, de la oficina del Procurador General a Prensa Asociada. “Se trata de la regularización de la situación”.
La batalla contra los carteles de la droga, cuyo resultado ha arrojado más de 11 mil muertes desde que Calderón tomó posesión del cargo en diciembre de 2006, seguirá sin disminuir, insisten funcionarios.
La reforma a las leyes sobre posesión de drogas ayudará, de hecho, a centrarse en la guerra contra el narcotráfico en forma más efectiva, dicen.
Además de quitar a las fuerzas del orden de los usuarios que consumen poco, la ley permite que las policías estatales detengan a quienes cargan hasta mil veces la cantidad para el consumo personal, gente a la que se considerará distribuidora. Se verá a cualquiera que tenga cantidades más grandes como narcotraficante, y se entregará a las autoridades federales.
“Con esta reforma haremos que la capacidad combinada de hacer cumplir la ley contra este delito sea una realidad jurídica y operativa”, dijo el procurador general Eduardo Medina Mora, en una conferencia de procuradores estatales la semana pasada.