En el pasado reciente, cuando Panamá era la quinta frontera, el ambiente estaba ligado a la protección integral de la zona del Canal. Tumbar árboles o colonizar la selva era inconcebible, por los estrictos controles que ejercía el país extranjero afincado a lo largo de la vía canalera. A partir de la reversión a nuestro país, los gobiernos y las agencias internacionales han hecho ingentes esfuerzos por la conservación de la cuenca y la protección del bosque en beneficio de las comunidades.
Pero, superada la barrera de controles que se dio hasta 1977, las riberas del lago Alajuela se transformaron en pastizales y sementeras agrícolas. Entre precaristas, sector oeste del Canal y campesinos en derredor de los embalses, el bosque ha sido objeto de prácticas y tenencia inapropiada de la tierra que produce erosión, contaminación, pérdida de la cobertura vegetal y desaparición de la fauna.
La cooperación técnica internacional ha ayudado a frenar un tanto la mala práctica del desmonte, a través de convenios con la Anam en la adopción de nuevas tecnologías. Pero si sumamos los recursos invertidos, más es lo que se diluye en la burocracia que en los resultados. Ya tendríamos una clase campesina bien consolidada y definida, como empresarios amantes de la naturaleza a través de prácticas amigables hacia el ambiente. ¿Qué cosas son las que se deben tomar en cuenta para proteger, educar y orientar al hombre en la naturaleza? Creemos que el país necesita una política de Estado destinada al manejo y conservación de los recursos naturales, con jerarquía de ministerio.
Reorganizar la policía ecológica, que fue desmembrada bajo el absurdo criterio de que los policías no son para cuidar árboles. Darle el estatus de permanencia laboral y profesional a los guardaparques y guardabosques de la Anam, que en la actualidad no son más de 300, para cumplir con la labor de protección y muchos de ellos con salarios menores a los 300 balboas mensuales.
La escuela de guardaparques y guardabosques debe ser una realidad, que no se postergue más la decisión. La Anam debe buscar la figura legal que le permita, a nombre de la institución, comprar propiedades dentro de las áreas protegidas, en especial los potreros. ¿Cuántos ganaderos estarían dispuestos a vender?
En la cuenca alta del río Agua Salud, Parque Nacional Soberanía, la ACP y la AID reforestan terrenos que fueron privados con mucho éxito. El programa de compensación ecológica, dado el ensanche del Canal, consiste en la siembra de miles de árboles en las áreas degradadas de los parques de la cuenca del Canal, y marcha estupendamente bien. Tengamos presente el cambio climático. No olvidemos que cada golpe que le asestamos a la naturaleza, ella lo devolverá. Es cuestión de tiempo. La Anam y la ACP deben ser indivisibles. ¿Podrá ser posible?
