Cada hora que pierde el Consejo de Seguridad dudando sobre si reunirse y qué nuevas medidas adoptar, Gadafi prosigue su brutal castigo contra su propio pueblo. La ecuación de fuerzas es abiertamente favorable al dictador, que dispone de blindados y aviación frente a las voluntariosas milicias mal armadas y peor entrenadas de los opositores a su régimen.
Parece que ha logrado detener el avance de los rebeldes hacia Sirte y puede que haya retomado algunas ciudades que, como Zauiya, perdió en días pasados. A las matanzas perpetradas se añaden ahora las represalias con que amenaza en territorio reconquistado. Las dificultades de una eventual intervención internacional no son solo militares, sino también diplomáticas y políticas.
Pero contener la furia criminal del déspota libio es un imperativo moral y no puede haber excusas para una mayor firmeza tanto de las principales potencias como del Consejo de Seguridad. Urge, a este respecto, considerar al Consejo Nacional interino como Gobierno legítimo del país norteafricano.
Sea cual sea el desenlace de la guerra en marcha, nada debería seguir como antes, y el reconocimiento del Consejo libio sería o el inicio del apoyo internacional a las nuevas autoridades o bien una inequívoca advertencia del ostracismo que aguardará a Gadafi en el supuesto de que se impusiera a su propio pueblo por la fuerza de las armas.
Igualmente apremiante resulta detener el flujo de dinero que continúa llegando a manos del coronel libio. Los activos financieros bloqueados hasta ahora por la comunidad internacional no son los más importantes de los que dispone. Le siguen llegando cientos de millones de dólares por petróleo, vía Banco Central de Libia, que está empleando para financiar una guerra que él mismo ha provocado. La decisión de la UE de bloquear esta misma semana los activos del fondo soberano libio, que mueve 70 mil millones en grandes empresas internacionales, es un paso tardío en la buena dirección.
El Consejo de Seguridad, por último, no puede seguir dando largas a la imposición de una zona de exclusión aérea sobre Libia, para lo que existe una aparente predisposición de relevantes países árabes. Poco se podrá hacer si Rusia y China vetan el acuerdo, pero es necesario colocar a ambas potencias ante sus responsabilidades: defender a Gadafi equivale a enajenarse a quienes, desde el Atlántico al Golfo Pérsico, se han levantado reclamando el fin de la tiranía.
Entre la intervención militar abierta e impedir al déspota libio que utilice su aviación para seguir cometiendo crímenes de guerra, media una larguísima distancia. Aparte de la suerte en el campo de batalla, ambos contendientes se disputan la legitimidad para erigir el régimen que suceda al actual. Gadafi no ha dispuesto nunca de ella, y ahora menos que nunca. En cuanto a los rebeldes, es crucial que esa legitimidad les pertenezca por entero, no compartida con una intervención exterior.