En estos días se cumplieron ocho años del 11 de abril de 2002. Centenares de miles de personas se lanzaron a la calle en solidaridad con los atropellados compatriotas que desde PDVSA se constituían en formidable obstáculo para que el régimen liquidara la autonomía financiera y operativa de la empresa, convirtiéndola, como ha sucedido, en instrumento al servicio del delirio revolucionario que destruye cuanto toca.
Lo que vemos hoy fue previsto entonces. De allí la sostenida resistencia que ese día se convirtió en firme decisión de marchar sobre el palacio presidencial a exigir la renuncia del señor Hugo Chávez, “la cual aceptó”, a solicitud del Alto Mando Militar. La petición fue precedida de una masacre que dejó un saldo de 19 muertos y más de 100 heridos de bala.
La historia de aquellos días ha sido analizada hasta la saciedad. No fue posible una comisión de la verdad que estableciera las verdaderas responsabilidades. El disimulo, la mentira oficial, una masiva propaganda y la tendencia subversiva del régimen han pretendido distorsionar los hechos para generar incertidumbre sobre las cosas fundamentales. Cada sector tiene “su verdad”, por lo que en definitiva no hay una verdad.
Lo cierto es que el Presidente se entregó, renunció –según testigos encabezados por el general en jefe Lucas Rincón Romero– después de haber activado el Plan Ávila ordenando la represión y de ser informado sobre la masacre. Tan cierto fue que renunció que el vicepresidente de entonces, Diosdado Cabello, se juramentó como presidente ante el titular de la Asamblea Nacional, quien le entregó el cargo a Chávez una vez restituido, y este recibió el cargo de sus manos. El vacío de poder había sido subsanado. La confusión de roles fue espantosa. Pero el régimen necesitaba crear su historia, fabricar culpables, algunos prácticamente condenados a cadena perpetua. Algún día se conocerá la verdad. No hay secretos eternos.
La insensata ruta revolucionaria que se adelanta impide a los gobernantes cumplir con los deberes que la Constitución les señala. La República es destruida, a la gente la matan y la roban impunemente y los servicios básicos están en el suelo. El rechazo popular crece, pero no rectifican. Amenazan y reprimen. Gastan cinco mil millones de dólares más en armas rusas y agravan los problemas con Colombia con el tema de los supuestos espías, ahora también responsables de la crisis eléctrica, saboteadores, pues.
Ocho de ellos son hoy compañeros de prisión en este momento. Los peores epítetos contra Álvaro Uribe y el canciller vecino. Por eso la pregunta ¿para qué y contra quién son esas armas y las adquiridas con anterioridad?
Los grandes conflictos de la humanidad, también muchos de los pequeños, han sido producto de locuras derivadas del exceso de poder político y económico que enferma a gobernantes que confunden sus intereses con el interés de la nación, es decir, de la gente. Cuidado, atención a lo que puede provocarse “para tener razón”.