Las audiencias de confirmación de la Suprema Corte de Estados Unidos buscan, cuando menos en teoría, qué clase de magistrado sería el nominado. Pero en la práctica, muestran algo más: qué clase de abogado es el nominado.
“Soy una litigante bastante buena”, dijo la jueza Sonia Sotomayor, antes de recordarse a sí misma que ella había dejado ese papel hacía 17 años, cuando se había unido al estrado federal.
Ella estaba sugiriendo que pudiera ser capaz de convencer a los otros magistrados, si era confirmada, de considerar la idea de permitir el ingreso de cámaras a la Suprema Corte. Sin embargo, ella bien pudiera haber estado describiendo su propia participación, exponiendo argumentos sobre el caso de mayor importancia en su vida ante un panel de senadores preparados para juzgar su aptitud para el nombramiento a la máxima corte de la nación.
Sotomayor abordó la tarea como una experimentada defensora. Marcó un tono de atenta deferencia, evitó argumentos innecesarios, no dijo más de lo que necesitaba para prevalecer, se ciñó casi enteramente a puntos nada polémicos y evitó ganarse el antagonismo de quienes la interrogaron. Debido a lo anterior, las audiencias, al menos hasta la fecha, no lograron arrojar mucha luz con respecto a cómo abordaría Sotomayor la tarea de magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos. Ella ciertamente estaba preparada, respondiendo correctamente a casi cualquier pregunta, para afirmar que aplicaría fielmente la ley a los hechos. Cuando le pidieron que describiera si estaba suscrita a una u otra escuela de interpretación constitucional, ella respondió: “No uso etiquetas”'.
Le formularon preguntas más detalladas con respecto a sus fallos relacionados a la Segunda Enmienda y la discriminación racial. Sotomayor usó las habilidades de un litigante al presentar sus respuestas.
En primer lugar, ella estableció que dominaba plenamente los hechos, recitándolos en detalle y ampliamente. Después, argumentó que sus fallos eran requeridos por los precedentes asentados. En algunas ocasiones ella destacó fallos posteriores de otros tribunales de apelación que habían llegado a la misma conclusión. Sin embargo, evitó abordar puntos que pudieran haber abierto una discusión más amplia sobre la prudencia de sus dictámenes.
Uno de los senadores republicanos de Utah, Orrin G. Hatch, cuestionó a Sotomayor con respecto a un fallo sin firma de un panel de tres jueces al que ella se había sumado en 2004.
El dictamen rechazaba el desafío de un narcotraficante a la Segunda Enmienda, criminalizando la posesión de armas entre inmigrantes indocumentados. El fallo estaba en un pie de página, y citaba un fallo previo del tribunal de apelaciones en el cual se asentaba que el derecho a poseer un arma claramente no es un derecho fundamental.
Sotomayor defendió el dictamen de su panel. Este fallo había recurrido a la palabra fundamental como un término legal de arte en vez de usarlo en el sentido coloquial, notó. En cualquier caso, prosiguió la jueza, la decisión era anterior al fallo de la Suprema Corte del año pasado que encontró por vez primera que la Segunda Enmienda protege el derecho del individuo a ser dueño de armas.