A pesar de los esfuerzos por crear conciencia ambiental desde distintos sectores, estos son, al parecer, insuficientes a la luz de los concurrentes hechos. El país está siendo testigo de la frecuencia con que se suceden "accidentes", "decisiones", "hechos" y "noticias" relacionados con la contaminación y degradación ambiental que terminan con graves consecuencias para quienes están involucrados y/o para terceros en términos laborales y/o de salud. Como botón de muestra tenemos los casos de poblaciones asentadas en sectores urbanos como Juan Díaz y de los pescadores artesanales afectados por el derrame de crudo en Chiriquí Grande.
En la comunidad de Juan Díaz, en la ciudad capital, se ven diariamente afectados gravemente en su salud pobladores residentes en esta zona mixta industrial-residencial contaminada con acopios de desechos y emanaciones tóxicas por parte de las empresas instaladas en el área. A su alrededor ya los vecinos comienzan a verse afectados en su salud.
En la región de Chiriquí Grande son los pescadores artesanales los afectados por el derrame de más de 5 mil galones de petróleo crudo, ocurrido el 4 de febrero del presente año, por parte de la empresa Petro Terminales Panamá (PTP), lo que ocasionó daños ambientales a más de 30 comunidades.
Lo anterior, a pesar de que en la Constitución Política del Estado se encuentra explícito nuestro derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación. A la luz de lo descrito, esta es letra muerta. Desgraciadamente los casos mencionados no son sino dos de entre muchos y que dan cuenta de una realidad: en el país no existe conciencia ambiental, tanto a nivel de la población como del empresariado y del mundo político. El resultado no es otro que la periódica sucesión de desastres.
La contaminación y degradación ambiental son consecuencia de las actividades que desarrollamos sin que internalicemos -en términos privados- la totalidad de sus costos. En términos económicos, es porque el agente contaminante no paga su costo, o lo que paga no es suficiente para disuadirlo, o los beneficios que le reporta contaminar son mayores. De allí que muchos proponemos aplicar la política de "pagar por contaminar" o "el que contamina paga" para promover la introducción de tecnologías conducentes a una producción limpia, no contaminante. Fácil de afirmar, pero difícil de aplicar, porque no siempre es posible identificar y/o comprobar las fuentes de contaminación o degradación. De allí la importancia de una ciudadanía activa, vigilante, incorruptible, consciente de la necesidad de preservar un ambiente libre de contaminación y degradación.
Nuestro hipotético desarrollo, no es sostenible en tanto tengamos un Estado como el que tenemos, empresarios con empresas contaminantes que se dicen modernas, que transan sus acciones en la bolsa, que exportan, que presumen de ser responsables socialmente, y que registran utilidades significativas.
A la hora de la verdad, quienes toman decisiones lo hacen pensando en maximizar rentabilidades y/o minimizar costos, relegando a un segundo plano los procesos de descontaminación conducentes a la producción limpia por afectar rentabilidades e incrementar costos. En este plano, tanto al Estado como a los ciudadanos, nos corresponde asumir un protagonismo esencial para protegernos a nosotros mismos, así como a las generaciones futuras.