Berlusconi ha creado un nuevo artefacto jurídico para lograr la impunidad. Se trata de la Ley del Proceso Breve, una norma que extinguiría los delitos castigados con menos de 10 años si los tribunales no consiguen dictar sentencia en un plazo máximo de seis, dos por cada instancia.
Los promotores de la ley, dos senadores de Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, alegan que su propósito es acabar con la lentitud de la justicia.
En realidad, son buenas palabras que esconden las más turbias intenciones: en un Estado de derecho, la agilidad de los procesos se consigue aumentando los medios a disposición de la justicia, no reduciendo los delitos pendientes de juzgar.
Los promotores de la ley han escogido, sin embargo, el segundo camino, y no pensando en cualquier delito sino solo en aquellos que pesan sobre Berlusconi. Para despejar el horizonte penal del primer ministro, la norma dejará, en cualquier caso, cerca de 100 mil delitos sin castigo.
No es la primera vez que Berlusconi se libra a ejercicios de ingeniería jurídica buscando la impunidad. El Tribunal Constitucional italiano ha conseguido hasta ahora desmontar sus intentos, y es de esperar que pueda hacerlo también en esta ocasión.
Aun así, nada garantiza que el primer ministro desista en sus ataques al Estado de derecho. A tenor de la experiencia, es probable que un nuevo contratiempo solo sirva para que sus asesores jurídicos redoblen el ingenio y el descaro.
Pero hay algo con lo que Berlusconi parece no haber contado: desde el punto de vista político, una búsqueda tan obsesiva de impunidad equivale, en el fondo, a un reconocimiento de culpabilidad.
Si el primer ministro consigue imponer la estrategia de sortear a los jueces por la vía de modificar las leyes por las que debe ser juzgado, el Estado de derecho no saldrá indemne en Italia. Porque, bajo la apariencia de hacer la ley, Berlusconi, en realidad, está haciendo la trampa.