El peligroso monstruo crece en las democracias enfermas de Latinoamérica como el hijo díscolo que malos padres no quieren reprender y no lo hacen porque esconden sus propias suciedades bajo el silencio.
El engendro se nutre por la complicidad y la impunidad. Las víctimas deben optar por censurarse o exiliarse o terminan en la tumba. Tres sentencias fatales para un periodista.
Los que detentan el poder, desde gobernantes deshonestos hasta bandidos, saben que la información es oro. Para sesgarla usan las leyes del Estado o las quebrantan; amenazan a los comunicadores para obligar a la censura y en último lugar se valen de la violencia sin importar a quién se lleven por delante.
La muerte es un modo útil y encubridor de reprimir. No necesita ser física. El asesinato moral es una manera sutil de liquidar, denigrando a su oponente, exponiéndolo a la picota pública, acusándolo de actos falsos. Otra forma es la muerte jurídica, la cárcel o desapareciendo al opositor u obligándolo al exilio. También la amenaza y el miedo son armas que llevan a la aniquilación de pensamiento y de opinión. Fuerzan a la autocensura.
Finalmente aplican el atentado físico, si ninguno de los anteriores métodos surte efecto. Si a ese crimen le agregan matices carnales (infidelidad, orientación sexual) o suicidios insólitos para encubrir a los ejecutores, la muerte es más efectiva a los intereses del autor intelectual porque de paso liquidan la credibilidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desde Miami expresó consternación en marzo, “por la espiral de violencia que azota al periodismo”. La Unesco, desde París, denunció la inseguridad para ejercer el oficio y el riesgo de la impunidad ante los crímenes.
En el último año, más de 35 periodistas fueron asesinados en Latinoamérica. En México, el país de mayor riesgo en la región, han muerto 17 reporteros y 15 desaparecidos; en Colombia 7 asesinados; Honduras 5 y Guatemala 4.
En Venezuela, donde acribillaron a dos periodistas, la judicialización es un instrumento que usa el Gobierno para obligar a la autocensura. Hugo Chávez, empleando su poder despótico, mandó a detener al ex gobernador del Zulia, Oswaldo Álvarez, por haber criticado en la televisión las reacciones del Gobierno ante algunos informes mundiales.
Por otra parte, arrestaron y se anunció un juicio contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, “por ofender la majestad presidencial”, como dijo la Fiscal General, hablando con una seriedad hilarante.
El periodismo latinoamericano atraviesa por una de sus más difíciles épocas, acorralado por el narcotráfico, la corrupción oficial asociada con delincuentes y el excesivo poder de gobernantes autoritarios y abusivos.
Países como Honduras y Guatemala, donde los carteles de las drogas mexicanos y colombianos están echando raíces y formando estructuras, los narcotraficantes no permitirán una prensa libre.
Ejercer el oficio es temerario y peligroso.
Los periodistas, si quieren sobrevivir, tendrán que enfrentar la nueva realidad que el monstruo de la censura impone: boca cerrada. Al final, la gran perdedora será la opinión pública que dejará de estar bien informada.