Sin duda alguna, los escándalos acontecidos en el año que ahora termina estremecieron tan fuerte a la sociedad panameña, que para evaluar su intensidad habría que utilizar la escala Richter.
Cuando recién comenzaba el año, la corrupción hizo su debut con un espectáculo único en su género. La ratificación de los magistrados Cigarruista y Spadafora cuya proximidad con la presidenta había sido fuertemente cuestionada, no solo por Ubaldo Davis derivó en una serie de señalamientos de sobornos que hasta ahora no han producido cargos criminales contra nadie y mucho menos ningún arresto.
Los resultados de las desafortunadas designaciones en tan altos cargos de la administración de justicia no se hicieron esperar. Basta con dar una ojeada a las decisiones habidas en los asuntos relacionados con la ley de transparencia, Panama Ports y Tito Afú, que coincidentalmente fueron a parar al despacho del hoy magistrado Spadafora.
El gobierno nos lanzó la ley de transparencia con el ánimo de lavar su enmugrecida cara, pero para que esa ley no representara una amenaza, se tomó el trabajo de barnizarla con un reglamento absurdo e inoperante, que terminó por convertirnos a todos los ciudadanos en personas a quienes no pueden "interesar" los asuntos que son objeto de la gestión pública.
En cuanto al CEMIS, lo que habría podido ser un muy buen proyecto en el ámbito comercial, industrial y de servicios, es tan solo un monumento virtual al desprestigio que adorna a nuestro gobierno. Pareciera que nuestra presidenta se ha convertido en una antítesis del Rey Midas.
En el mundo marítimo no nos vimos menos desfavorecidos. El escándalo de Panama Ports, en el que dizque se igualaron las condiciones contractuales de puertos que fueron entregados, construidos y equipados con los de otro que hubo de ser edificado y desarrollado por su concesionario, nos dio una muestra de a quiénes tenía verdaderamente en cuenta la agenda social de la presidenta de los pobres. Esta equiparación trajo consigo también una interesante lección a nivel legal: no importa lo que diga una ley sometida al escrutinio de 72 legisladores como en teoría lo establece la Constitución, dado que un ministro puede tirarla por la borda de un solo plumazo, mediante una resolución unilateral. Así las cosas, la Asamblea quedó reducida a un organismo inútil que puede ser hábilmente suplantado por Moscoso y su gabinete.
¡Ah!, pero alguien tenía que pagar las millonarias sumas que fueron regaladas a Panama Ports. Y qué mejor solución que pasarles la factura a los contribuyentes. Así que con el cuento de la simplificación del sistema tributario, el gobierno la arremetió en contra de nuestros atormentados bolsillos y, en medio de un madrugonazo, obtuvo los medios para reponer la gracia otorgada a la concesionaria de puertos.
Como no podía darse el lujo de que el estreno de Otro día para morir le robara protagonismo, el Gobierno decidió partir por delante y presentarnos su propia comedia de espionaje. Así, el escándalo de los pinchazos llegó a todos los rincones de nuestro país. En el camino, por supuesto, aprovecharon para restarle credibilidad a uno de los más grandes críticos de la corrupción reinante, Chito Montenegro, a quien finalmente no se le encontró conexión alguna con al autoría de la triste orden para pinchar los celulares de un centenar de personas.
Otra bofetada a la conciencia pública fue el escándalo de los "duro-dólares", en el que con toda la desfachatez necesaria para el caso, una funcionaria de la Presidencia denunció la sustracción de una fuerte suma de dinero que atesoraba en el congelador de su casa, sin que tuviera que rendir cuentas de la procedencia de esos dineros. Fue como ver la segunda parte de la película del HP-1430, que tras su hundimiento a balazos por el Servicio Marítimo Nacional, solo nos dejó como recuerdo un maletín con una cantidad de dinero cuya cantidad, procedencia y destino final jamás se estableció con certeza.
Parece que este año, el dinero ha sido el denominador común en la gestión gubernamental, pero no como un medio de prosperidad para nuestra población, sino como el elemento presente en las transacciones que han convertido a esta administración en una de las más desacreditadas de la historia de nuestro país.
Algo bueno, después de todo, nos queda al finalizar el 2002: queda un año menos de desgobierno. Ojalá que el año entrante les traiga a todos los contribuyentes la fortaleza necesaria para trabajar más duro y tal vez menos alimentados para pagar los impuestos que día a día costean los excesos de la corte presidencial.
