La administración pública panameña, merced al clientelismo político que han practicado por muchos años, si no todos, al menos la mayoría de los partidos políticos, se ha creado una burocracia costosa, ineficiente y frecuentemente corrupta. Corrupción que terminan pagando aquéllos que tienen que acudir a recibir servicios públicos.
En el sentido en que la uso en este artículo, la Real Academia Española define el término burocracia como “administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”. El tema de la burocracia en nuestra región está, pues, íntimamente ligado con la corrupción. Como ella tiene sustento en el clientelismo político, suele ocurrir que el funcionario corrupto actúe bajo la protección de un líder político, con quien comparte los beneficios de sus actos de corrupción. El esquema clientelista conduce a la personalización de la política y a la formación de clanes de corrupción bajo el paraguas de un dirigente político.
Por otra parte, al incrementar los costos de hacer transacciones con el Estado, la corrupción desalienta la inversión extranjera directa sana. Solo suele atraer el llamado capital “golondrino”, que llega para levantar vuelo una vez recuperada la inversión y alcanzada una ganancia sustancial.
El tema de la burocracia ha sido ampliamente estudiado por organismos y gobiernos interesados en superar ese grave obstáculo al desarrollo. Entre los estudios está el realizado en 2006 por Ernesto Stein, Mariano Tommasi, Koldo Echebarría, Eduardo Lora y Mark Payne bajo el título The Politics of Policies: Economic and Social Progress in Latin America.
En el ámbito nacional, es interesante el estudio Clientelismo Político, Corrupción y Reforma del Estado en Chile, publicado hace algunos años por el catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alfredo Rehren.
Auspiciado por el BID, el primer estudio atribuye a la burocracia típica la poca capacidad de los gobiernos para atender las necesidades de sus ciudadanos. En contraposición, la burocracia basada en la meritocracia, ha sido la clave del éxito de los “Tigres Asiáticos”.
El citado estudio identificó tres categorías de países. En el grupo con el mejor desempeño figuraban Chile y Brasil a la cabeza, en tanto que Panamá se ubicó, junto a Bolivia y Centroamérica (con excepción de Costa Rica), en el grupo de los países con burocracias fuertemente politizadas y carentes de incentivos para retener personal competente.
El caso chileno es típico y muy parecido al de Panamá, con la diferencia de que allá se han hecho esfuerzos serios por modernizar el Estado. El último de ellos lo inició en 1994 el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien creó un Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. En la primera fase de ese proceso se investigaron más de 240 denuncias de corrupción, que involucraban desde municipios hasta empresas públicas y ministerios.
En Panamá, el saliente gobierno del Presidente Martín Torrijos incluyó en su “Visión estratégica de desarrollo económico y del empleo hacia el 2009” la modernización del Estado. Pero, igual que en el tema de la lucha contra la corrupción y el de la seguridad, no pasó de ser una promesa política.
Lo lamentable del citado incumplimiento es que nuestro gobierno no tenía que ir hasta Chile para modernizar el Estado. Solo tenía que adaptar la estructura de administración de personal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), esquema del primer mundo al que se debe, en buena medida, el éxito del Canal en manos panameñas.
En el contexto señalado, la idea de Martinelli de fortalecer el servicio público tendría sentido, siempre y cuando incluya una revisión de la Ley de Carrera Administrativa y la aprobación de una ley general de sueldos. Confiamos en que un nuevo gobierno atienda un tema tan crucial para el futuro desarrollo del país, como es la transformación de la corrupta burocracia en un Estado moderno.
