El Centro Multimodal (CEMIS) no debe morir ni ser engavetado porque constituye, para una población desesperada y sin empleo, una de las pocas esperanzas. La millonaria inversión, de no menos de 200 millones en la etapa inicial en lo que sería el parque industrial y el aeropuerto internacional, daría a Colón la oportunidad de reorientar el tradicional modelo circunscrito, hasta hoy, al comercio y el servicio. Las oportunidades, alternas para la Zona Libre y otros negocios, eran, y pueden ser todavía, realmente buenas. Entonces, ¿por qué no empezar?
Cierto es que, como ningún otro, el CEMIS ha estremecido los resortes de la sociedad panameña y ha permitido conocer, aún más, el rostro carcomido del sistema y de la crisis institucional que vive el país. A final de cuentas, el CEMIS es una víctima más de los manejos y triquiñuelas de políticos y funcionarios (no necesariamente todos) cuyo poder no los corrompe, sino que los desenmascara. La mano en alto del legislador Carlos Afú, visto en la televisión enseñando los 6 mil balboas recibidos en soborno y mencionando a otros implicados; las denuncias de sobornos alrededor de la aprobación de los magistrados Spadafora y Cigarruista, y el hecho reciente de archivar ambos casos, por parte de la Corte Suprema siguiendo lineamientos de la Asamblea Legislativa, es una clara lección de dónde estamos parados a pocos días de conmemorar el centenario.
Y en esta historia amarga, que ha llevado al magistrado Arjona a afirmar que la nación no volverá a ser la misma después del caso CEMIS, ¿quiénes son las verdaderas víctimas? No hay duda de que en este drama sale perdiendo el pueblo de Colón, los empresarios que, con sus inversiones, apuestan al desarrollo; también pierden los jóvenes que buscan trabajo y no encuentran. También podría fenecer un método de trabajo, una experiencia bonita que llevó desde las contradicciones originales entre colonenses que no fácilmente conciliamos a unificarnos en una sola consigna: el proyecto tiene que avanzar. Por ello, hoy debemos resistirnos a que muera.
El 30 de diciembre de 2001, es decir tres meses después de haberse presentado el contrato original, se aprueba por unanimidad en tercer debate el proyecto número 123 del CEMIS con no menos de 40 cláusulas modificadas. Para llegar a este punto, la Comisión de Comercio abrió una consulta pública que permitió como nunca antes en la historia de Colón que la sociedad civil colonense, desde empresarios, desempleados hasta profesionales, interviniera con diversas posturas, a favor y en contra. Al final predominó el consenso en no menos de 20 asociaciones asumiéndose, sin excepción, la defensa del proyecto en tanto se entendía que era una oportunidad económica y social para Colón.
Quienes asistimos al tercer debate y recordamos el momento (ahí asistieron representantes de las organizaciones consultadas) sabemos del ambiente de alegría, de entusiasmo y felicidad cuando se dijo ha sido aprobado, señor presidente. Este estado de ánimo fue el que vivimos, nuevamente, cuando, en el hotel Meliá, el 15 de enero de 2002, la presidenta Mireya Moscoso y el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, sancionan el contrato del Consorcio San Lorenzo. Ese mismo día y en el mismo lugar fue refrendado por el contralor Alvin Weeden.
Pocos días después, en el auditorio del Centro Universitario de Colón, los directivos del consorcio con el gerente de la Zona Libre, firmaban dos acuerdos que buscaban ser garantía de la participación efectiva de las fuerzas vivas de Colón en el proyecto. Un primero, con la Universidad sobre capacitación del personal que laboraría en el área y, un segundo, con los movimientos de desocupados donde se establecían compromisos de dar trabajo a los colonenses. Esto era, desde luego, alentador en una región con índice de desempleo que supera ya el 20% y en donde el índice de pobreza ha hecho germinar la desesperanza y la incredibilidad.
Claro está que si todas las acciones, los esfuerzos habían marchado por buen camino, entonces, cómo no sentir frustración, rabia incluso, contra aquellos que con sus acciones deshonestas han malogrado una esperanza real para Colón. Y mientras seguimos en la incertidumbre, en un camino sin final, ya está en el tapete legislativo la creación de la zona económica especial en Howard la cual, como ya han señalado los usuarios, podría convertirse en una competencia desleal para la Zona Libre, lo que provocaría, sostenemos aquí, efectos negativos para un Colón que no aguanta un desaire más.
El siglo XXI nos impone el reto democratizador de las riquezas como imperativo para superar un mundo tan desigual. Pero, para obtener las riquezas, se requiere de las condiciones y de los recursos, y Colón los posee. Y los va a poseer más efectivamente cuando acabe este periodo bochornoso a la conciencia del país y echemos a caminar ese proyecto que puede ser, en parte, nuestra solución. Esa solución tiene cinco letras: CEMIS