El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Alex Arroyo, dijo que Cable & Wireless tiene la obligación de mantener los servicios que le fueron asignados en su contrato de concesión.
Arroyo recalcó que en Panamá no hay una competencia en el servicio básico, por lo que es al Ente a quien le corresponde fijar la tarifa.
Como no ha sido fijada, C&W tiene la obligación de mantener el plan (básico), precisó.
Aumento automático Cable & Wireless Panamá advirtió ayer que de no aprobarse la ley de acceso y servicio universal, a partir de enero de 2004 la empresa no está obligada a seguir prestando el plan básico de teléfono, cuyo costo es de seis dólares con 27 centavos al mes.
Según C&W, la instalación y mantenimiento de líneas fijas y teléfonos públicos en zonas de difícil acceso le ocasionan una pérdida de 21.5 millones de dólares.
Por su parte, los directivos de las organizaciones de consumidores pidieron al gobierno decidir si actúa como accionista o como garante de los derechos de la población.
De acuerdo con el presidente de la Fundación del Consumidor y del Usuario (FUNDECU), Guido Fuentes, sería interesante que el Estado, por ser poseedor del 49% de las acciones, ponga en ejercicio su poder como accionista y evite esta situación.
Por su parte, el secretario general de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios (UNCUREPA), Pedro Acosta, dijo que todavía se preguntan si el Estado ha asumido funciones de empresario o de defensa de los usuarios. Pareciera que solamente le interesa las utilidades, afirmó.
Todo está avalado por el contrato de concesión; por más que gritemos, la empresa va a tener legalmente la razón, precisó Acosta.
Fuentes rechazó categóricamente cualquier medida que afecte la ya golpeada economía de los usuarios. Y el aumento de la tarifa sería un golpe que no están en capacidad de recibir, indicó. Informó que FUNDECU se ha reunido con otras organizaciones para evaluar la posibilidad de presentar acciones legales, pero dijo que prefiere no adelantarse hasta que se estudie con profundidad el tema.
Estamos conscientes mencionó que la medida es producto de condiciones y términos establecidos en el contrato de ley.
La Ley de acceso y servicio universal crearía un fondo con el aporte de las empresas concesionarias que prestan servicios de telecomunicación con fines comerciales, para subsidiar la instalación y mantenimiento de líneas fijas y teléfonos públicos en áreas de difícil acceso.
Acosta recalcó que ellos nunca estuvieron de acuerdo con las privatizaciones, porque ni siquiera los legisladores que aprobaron los contratos conocían los anexos que han resultado tan contrarios a los derechos de la población.
Considera además que el Ente debe decir la última palabra y que de su decisión se desprenderá si en las motivaciones primó el usuario o la inversión.
Por su parte, el presidente del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor y Usuarios (IPADECU), Giovanni Fletcher, manifestó que están esperando una convocatoria de parte del Ente, quien no debe tomar una decisión hasta haber conversado con las agrupaciones.
Dijo que a fines de esta semana deben reunirse para decidir la postura que adoptará el gremio frente a la situación.