La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha dado un nuevo paso en su batalla contra los medios de comunicación, y sobre todo contra el grupo Clarín.
El miércoles, en la Casa Rosada, presentó un voluminoso informe en el que acusa a los periódicos Clarín, La Nación y el entonces vespertino La Razón de haber comprado, gracias a las torturas que la dictadura de Videla infligió a sus anteriores dueños, la empresa que actualmente abastece de papel a 170 diarios de Argentina.
Con esta maniobra, los Kirchner convierten a esas cabeceras en cómplices del régimen militar y se reservan para ellos el papel de justicieros que solo pretenden acabar con las afrentas de un pasado tenebroso.
Tanto Clarín, que tiene hoy el 49% de la papelera, como La Nación, que es dueña del 22% (un 27% corresponde al Estado), han dado otra versión de los hechos. La compra de Papel Prensa a la familia Graiver, afirman, se produjo cinco meses antes de que sus miembros fueran detenidos por la dictadura, acusados de tener vínculos con el grupo armado de los Montoneros.
La compra fue legal y pública, se informó de ella y, durante los 27 años de democracia, no ha habido denuncia alguna de que hubiera habido alguna irregularidad en aquella operación.
Isidoro Graiver, hermano de David, el dueño de Papel Prensa, ha confirmado que las cosas sucedieron así y que él mismo participó en la venta. La viuda del propietario, Lidia Papaleo, defiende, en cambio, la versión oficial.
El episodio está lleno de ángulos oscuros y resulta aún más turbio si se lo analiza en el contexto del asedio al que los Kirchner tienen sometido al grupo Clarín desde la crisis agraria de 2003, en la que el diario fue muy crítico con su gestión.
A partir de entonces, los ataques contra ese medio de comunicación no han cesado: crearon una ley antimonopolio para debilitarlo (impugnada por ahora en los tribunales), les quitaron los derechos de retransmisión del fútbol y, hace muy poco, cancelaron su licencia como operadora de internet (donde tenían 1.5 millón de abonados).
En el caso de Papel Prensa, los Kirchner quieren aprobar una ley para que sea el Estado el que controle la producción de papel.