Se consumó. La decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de proceder contra Baltasar Garzón como autor de un delito de prevaricación por su intento de investigar los crímenes del franquismo, a instancias de familiares de víctimas que yacen todavía sin identificar en fosas comunes, sitúa al juez de la Audiencia Nacional en el camino directo hacia el banquillo de los acusados. Y a un paso de ser suspendido en sus funciones, consecuencia última de la querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las Jons.
Garzón tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Segunda del Supremo. Pero se trata de la misma sala que admitió a trámite, por considerarla ab initio una hipótesis no arbitraria, ilógica o absurda, la querella por prevaricación contra el juez y que acaba de rechazar su recurso de sobreseer la causa. No parece probable que cambien de criterio.
Garzón se sentará en el banquillo por haber intentado, no desde una teorización meramente imaginativa del derecho sino desde el ejercicio jurisdiccional que corresponde al juez penal, dar satisfacción a familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que no aceptan como normal y acorde con el Estado democrático que sus restos sigan sin identificar en fosas comunes. Algo que no dejará de causar preocupación y estupefacción en países europeos que también vivieron la terrible experiencia de regímenes dictatoriales en épocas todavía no lejanas.
Tras el ropaje jurídico que la envuelve, la causa contra Garzón reviste una simbología provocadora e insultante para la democracia española. Lo es, en primer término, para la memoria de las innumerables víctimas del franquismo, no pocas producidas en los años finales de la dictadura y de las que muchos españoles de hoy guardan un recuerdo vivo y directo. También, seguramente, para algunos magistrados del Supremo que vivieron en su juventud la cercanía de esos crímenes y lucharon por un régimen de libertades que los hiciera imposibles y una justicia que garantizase su no impunidad. ¿Cómo pueden permanecer impasibles ante el desatino de la causa contra Garzón?
Insiste el instructor Varela en que Garzón intentó asumir el asunto de las fosas, “dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado de derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la de amnistía”. Pero es lo que está en discusión, no sólo en el ámbito de la teoría jurídica sino en la jurisdicción. Sorprende cada vez más, por ello, que el Supremo diera más valor desde el principio a la hipótesis prevaricadora para explicar la conducta de Garzón que a su contraria, no obstante estar avalada por el ministerio fiscal, y que con tan endeble fundamento diera curso a una querella cuya motivación ideológica es evidente.