El gobierno nacional ha hecho público el llamado proyecto de ampliación del Canal de Panamá y ha puntualizado que, de llevarse a cabo, lo pagarán los usuarios de la vía interoceánica a través de un aumento gradual de los peajes. Por ello, resalta de inmediato la importancia que adquiere el cobro de los peajes por el transito del Canal de Panamá, ya que además de serán la fuente de financiamiento de las obras de ampliación, se utilizan para sufragar los costos de operación y mantenimiento en que incurre la ACP y como una fuente a favor del tesoro nacional.
Así pues, resulta sumamente contradictorio que si por cada tránsito de un barco por el Canal se requiere un mínimo de 52 millones de galones de agua, además de otros recursos utilizados, existan vigentes una serie de tratados y normas jurídicas que contemplan la posibilidad de otorgarle exoneración de peajes a buques al servicio de terceras naciones que utilicen la vía acuática, lo que representa de facto que el Canal es convertido en un mecanismo de subsidio a favor de dichas naciones y en detrimento de los intereses panameños.
El conocido Tratado de Neutralidad del Canal y la ley orgánica de la ACP reconocen esa posibilidad y que, de hecho, se ve reflejada en los tratados de Montería y de San José, en los cuales se les otorga una serie de exenciones a los buques estatales al servicio de Colombia y Costa Rica.
Los partidarios del Tratado de Montería, al momento de ser aprobado, manifestaban que este no iba a representar una erogación significativa por el poco tránsito de las naves al servicio del Estado colombiano, lo que contrariaba la tesis de otros juristas de la talla de los doctores Linares, Mitchel o Bernal, quienes consideraban que era innecesario dicho tratado, ya que el otorgar exoneraciones de peajes iba en vía contraria al sentido de responsabilidad que Panamá debería asumir cuando administrase el Canal.
Así, pues, y con el fin de conocer cuál era el costo en cifras de dicho tratado, en octubre del año pasado le solicité a la ACP que me proporcionara las sumas estimadas que representaban las exoneraciones a los cuales ascendía los montos dejados de pagar en concepto de peajes por el uso del Canal de Panamá, ya que consideraba que dichas cifras debían ser de conocimiento e interés público.
Tras una ardua lucha de seis meses, donde primó una política de secretismo y falta de transparencia, la oficina del asesor jurídico del Canal de Panamá me proporcionó la información correspondiente indicándome que desde la entrada en vigencia del Tratado de Montería, éste le había costado al pueblo panameño, por sumas dejadas de percibir, la cantidad de 219 mil 815 dólares estadounidenses.
Pero lo realmente ilógico, desde cualquier punto de vista sobre este asunto es que la actual legislación dispone que ni el Gobierno Nacional ni la Autoridad del Canal de Panamá podrán exonerar del pago de peajes, derechos o tasas, por la prestación de servicios en el Canal, lo cual obviamente incluye a las naves del servicio marítimo nacional, o sea que el Estado panameño, a través de los impuestos pagados por sus ciudadanos, ha tenido que pagar, a partir de la administración panameña, la suma de 189 mil 989 dólares.
Es un absurdo legal que debe ser reformado, que al Estado territorial, dueño de la vía marítima internacional, la ley le conceda la posibilidad de otorgarles exenciones de peajes a terceros Estados, mientras que sus naves estatales, exoneradas de las mismas en la administración estadounidense deban pagar, lo que desdice mucho de las luchas generacionales por la soberanía nacional.
Estoy convencido de que no faltará algún"corporativista" de la ACP que se manifieste en contrario indicando que el Canal utiliza toda una serie de recursos naturales, humanos y técnicos, cuyos montos son tan altos y significativos que no pueden ser objetos de dádiva pública y que se pudiera hacer un uso abusivo si se permitiera exonerar a todas las naves del Estado panameño que cumplan un servicio público; sin embargo, se olvidará por conveniencia de hacer mención alguna de la excepción legal establecida a favor de terceros Estados, invocando el viejo concepto de "pro mundi beneficio" que tanto ha perjudicado a nuestra nación.
Considero que es necesario revertir dichas situaciones y que las autoridades competentes inicien las reformas legales necesarias para que a las naves al servicio del Estado panameño se les exonere de dicho cobro, que el órgano Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional el Tratado de San José para que este sea rechazado por violar el régimen de la vías marítimas internacionales y, sobre todo, iniciar los pasos necesarios para denunciar el Tratado de Montería, subsidio disfrazado, llevándolo a referéndum tal cual establece la Constitución vigente que, de igual forma, nos recuerda que el Canal de Panamá es patrimonio inalienable de la Nación panameña.
Así pues, y en virtud de la vigencia que tienen estos asuntos en los actuales momentos, sería conveniente y adecuado que fueran incorporados dentro del debate nacional que se avecina.
