La elaboración de la primera canasta básica de alimentos fue promovida por el químico inglés Rowntree, quien estaba preocupado por conocer la cantidad exacta de proteínas y calorías que el cuerpo necesitaba para la clase obrera en la ciudad de York, en el año 1902.

Por mucho que haya evolucionado la humanidad, los seres humanos tenemos la prioridad de alimentarnos para evitar la muerte por hambre, observación natural donde se deduce que la principal preocupación del Estado consistiría en que la comida llegue a cada mesa de los hogares panameños.

Admitir el hambre y la inseguridad alimentaría es convivir con la pobreza, la miseria, la improductividad laboral, la deserción escolar, la enfermedad, la discapacidad y la muerte prematura.

La canasta básica y la seguridad alimentaria deben concebirse como un problema nacional, donde podamos definir una política estatal invariable en los gobiernos que permitan la creación de medidas para mantener y desarrollar la producción agropecuaria que requiere la sobrevivencia de un pueblo. Es fácil entender que el país que pierda la capacidad para alimentar con sus propios productos a su nación, pierde su soberanía nacional frente a quienes les monopolicen sus alimentos.

Analistas económicos y políticos en Estados Unidos aducen que nunca este país va a cometer el suicidio de poner fuera de su territorio la parte fundamental de la comida de su pueblo, con lo que quedaría sometido a múltiples dificultades como suspensión del flujo de sus alimentos, huelgas y conmociones civiles o militares en los Estados productores, guerras, catástrofes ambientales y actos terroristas.

A pesar de los llamados a una globalización neoliberal, ¿cuánto duraría en su puesto un presidente de Estados Unidos que propusiera sacar del territorio nacional la producción de alimentos, porque con ello se ahorrarían unos cuantos millones de dólares?

Dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), muchos países que fomentan el libre mercado argumentan que la seguridad alimentaria de cada país y el sustento de sus agricultores son más importantes que el principio abstracto del libre comercio o el acceso a los mercados.

El Estado panameño es suscriptor de los acuerdos de la Conferencia Internacional de Nutrición (CIN), de la Declaración de la Cumbre Mundial de la Alimentación y de la Declaración del Milenio, además crea la Secretaría Nacional de Coordinación y Seguimiento del Plan Alimentario Nacional (Senapan).

Es aquí donde es posible la creación de los Centros Comunitarios de Alimentación, ubicados en cada uno de los corregimientos de la República. Se trata de pequeñas tiendas distribuidas a nivel nacional, cuya administración será privada, su organización estatal, financiada por el nuevo programa fiduciario Prodec, las cuales van a vender a precios módicos los productos de la canasta básica familiar. Serán alimentos cien por ciento comprados a productores del agro nacional sin intermediarios, donde los diputados y los representantes de corregimientos del área utilizarán las ganancias en obras comunitarias.

Sería el inicio de una verdadera responsabilidad social empresarial, donde gobierno, empresa privada y el pueblo panameño, unen esfuerzos para disminuir la pobreza.