Una nueva ley “socialista” aprobada por partidarios del presidente Hugo Chávez en Venezuela despierta temores de que el mandatario deje bajo control central la actividad económica de las regiones y que incluso llegue a vulnerar la propiedad privada.
Pero Chávez, que instó a la Asamblea a aprobar antes de la elección legislativa de septiembre toda la normativa para dar base a su socialismo del “Siglo XXI”, dice que la ley y el reglamento del Consejo Federal de Gobierno buscan equilibrar el desarrollo al dar al pueblo poder de gobernadores y alcaldes.
Analistas temen que el Gobierno use la legislación para confiscar empresas e incautar tierras, bajo el argumento de que fallan en adaptarse a la vocación productiva que se dicte desde Caracas.
La ley permite que Chávez cree unos distritos motores de desarrollo, les dicte una “delimitación” productiva y les nombre “autoridad única”, sin coordinar con los gobernadores y alcaldes electos, 80% de los cuales son “chavistas”. Además, activa el Consejo Federal de Gobierno que llevará competencias y atribuciones de estados y municipios a los consejos comunales, los cuales necesitan aprobación de la Presidencia para funcionar. “Esos distritos van a permitir que opere desde el Estado una especie de definición de la vocación productiva de cada pedazo del territorio y podría activar la capacidad de regir qué se produce, quién lo hace, quién gestiona y quién articula”, dijo la asesora Claudia Curiel.
El vicepresidente del país y ministro de Agricultura, Elías Jaua, señaló que el Consejo Federal pudiera transferir desde la administración de tierras a la de empresas construidas o “recuperadas por el Gobierno”.
“Se trata es de restituirle a un pueblo el poder que le fue quitado (...) por las oligarquías regionales y la oligarquía nacional”, dijo Jaua en medio del intenso debate que despierta el tema.
Las autoridades dicen que han recuperado para el pueblo sectores estratégicos como el petrolero, el cementero y algunos comercios en años de estatizaciones, pero la economía nacional continúa atada a la fluctuación del precio del crudo y sin desarrollar industrias.
Chávez dice que su “revolución” enfrenta la oligarquía para favorecer a los pobres y afirma que respeta la propiedad. Pero el Consejo Federal revive el temor de que Venezuela se encamine hacia la abolición de la titularidad.
La ley omite que se pueda “disponer” de los bienes y asegura que debe fomentarse una “propiedad social” que se definirá más adelante en otra legislación. “Es necesario el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias (...) posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar”, señala la ley.
Expertos aseguran que el reglamento no podrá imponerse por encima de la Constitución, y que una restricción de la disposición de bienes necesita reformas más profundas.
El vicepresidente dice que la propiedad se permitirá “en la medida en que sea legal, legítima”. Pero el mes pasado, el gobernador del estado Lara, Henri Falcón, decidió romper con Chávez antes que obedecerle una orden de expropiar un terreno industrial, una decisión que consideró errónea y que aseguró no poder razonar con el mandatario.
Desde que el militar retirado llegó al poder hace 11 años, el Estado ha aumentado su control sobre tierras, la actividad económica y la vida política con legislación que incluye una nueva Constitución que impulsó Chávez en 1999.
El Consejo Federal, que se instalará el 9 de abril bajo las órdenes del vicepresidente, también recibirá cerca de un 10% del presupuesto de las gobernaciones. Gobernadores y alcaldes opositores han visto sus cargos desdibujarse. La Asamblea Nacional cedió al control central algunas competencias en salud y educación, al tiempo que ha permitido expropiaciones que han sido vistas como irregulares.