El 29 de septiembre, Costa Rica se convirtió en el quinto país latinoamericano en albergar una “base de paz”. Lo habían precedido, en semanas previas, Venezuela, Nicaragua, Cuba y México.
La inauguró el embajador venezolano en San José, Hugo Pineda, quien la describió como un instrumento para contrarrestar las “políticas armamentistas del imperio” (léase Estados Unidos) e impulsar una “diplomacia de pueblo” paralela a la “de Estado”.
Entre los invitados estaban descoloridos izquierdistas locales y embajadores de países del Alba, pero también representantes de Alunasa, empresa estatal venezolana que opera en Costa Rica: revelación inequívoca de quién pagará por la “paz”.
En medio de la euforia generada por la actividad, el embajador no pudo guardarse esta reveladora frase: “Algunos costarricenses me han dicho que quisieran tener un Hugo Chávez” en el país, pero no dijo quién podría ser ese heroico clon.
El caso carecería de trascendencia internacional, si no fuera porque revela varios de los componentes que sustentan la estrategia de influencia venezolana en el hemisferio.
Se trata de un esquema que descansa en cuatro pilares: las relaciones oficiales, el apoyo a grupos informales, el respaldo empresarial y el brazo militar, los cuales a veces trabajan con independencia, pero a menudo se refuerzan entre sí.
La diplomacia “de Estado” es su faceta más legítima, con los usuales vínculos bilaterales y participación en organismos multilaterales (la OEA, el Grupo de Río o Unasur), donde la pluralidad impera y existen reglas formales que respetar.
Sin embargo, aun en este ámbito son frecuentes los arranques intervencionistas, como la frase y actividades del embajador en Costa Rica, y los esfuerzos constantes por manipular la acción multilateral al servicio del chavismo.
En el otro extremo de los vínculos oficiales está la Alianza Bolivariana de América (Alba), una clara iniciativa ideológica creada por Venezuela y Cuba en diciembre de 2004, a la que se han sumado Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Dominica.
Es el espolón de proa de la diplomacia militante; el sanctasanctórum del chavismo hemisférico.
En medio, sin exigencias ideológicas precisas, pero con gran influencia económica, está Petrocaribe.
Además de los miembros del Alba, lo integran las Bahamas, Belice, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Surinam. Todos han encontrado en su financiamiento subsidiado del petróleo un fácil recurso para enfrentar severos problemas de liquidez financiera, aunque asuman grandes deudas futuras.
Además, los escasos controles para el uso de recursos abren un portillo para que gobernantes venales utilicen los fondos para su enriquecimiento personal: otra forma de adhesión “bolivariana”. Daniel Ortega y su familia, en Nicaragua, son el mejor ejemplo.
De paso, Petrocaribe suma votos pro Chávez en la OEA y otras entidades.
La faceta más intervencionista descansa en el Congreso Bolivariano de los Pueblos, al que pertenecen organizaciones y partidos apoyados o financiados por Venezuela. De allí salen las “casas bolivarianas”, algunas “misiones” y, ahora, las “bases de paz”.
En apoyo de todas las dimensiones acuden las empresas estatales, principalmente la gigante PDVSA, y otras de menor calado, como Alunasa, ajenas a los controles públicos.
Sumemos, como soporte extremos, el armamentismo creciente de Venezuela, sus turbias alianzas con Irán, Libia o Siria, y el respaldo intermitente a grupos armados, como las FARC en Colombia, y el balance es una estructura de círculos concéntricos capaz de adaptarse a distintas oportunidades y objetivos intervencionistas.
A veces, la acción es abierta; otras, solapada, pero la dirección estratégica es una: valerse de todas las opciones posibles –incluyendo la actitud pusilánime de otros países– para impulsar el modelo de populismo autoritario representado por Chávez.