CYNTHIA SANCHEZ csanchez@prensa.com El caso de Punta Mala está cerrado; al menos desde el punto de vista legal. La Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa archivó ayer una denuncia procedente del Ministerio Público que fuera interpuesta por el secretario general del Frente contra la Corrupción, Enrique Chito Montenegro.
La denuncia fue interpuesta contra la presidenta, Mireya Moscoso, por presunta malversación de fondos para las mejoras realizadas a la antigua casa presidencial de descanso, ubicada en Punta Mala, distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.
Según el presidente de la Comisión de Credenciales, José Blandón Figueroa, el expediente fue archivado porque desde el punto de vista jurídico la denuncia no satisface los requisitos exigidos por la Constitución y el Código Judicial, que obligan a presentar pruebas sumarias.
Según Blandón, los documentos presentados en copia simple no prueban, ni llevan a indicar la posible práctica de un hecho ilícito, ni por parte de la mandataria Mosocoso ni de ningún otro funcionario público.
Los legisladores presentes en la Comisión de Credenciales todos de la bancada oficialista llegaron a la conclusión de que no había méritos para abrir causa alguna porque no se adjuntaban pruebas contundentes.
El artículo 154, numeral 1, de la Constitución, establece que es función judicial de la Asamblea Legislativa conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la república... por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones....
Hace una semana, el expediente fue remitido a la Asamblea Legislativa por el Ministerio Público.
De acuerdo con el legislador, Montenegro presentó una serie de documentos que no guardan relación alguna con los hechos denunciados y que rayan en lo ridículo.
Relata que presentó correspondencia remitida a la empresa que realizó las mejoras en la casa de Punta Mala, de parte de Nutre Hogar, donde pide donaciones; documentos sobre deudas con terceras compañías que no tenían ninguna vinculación con el Estado panameño, ni con fondos públicos; y documentos de casos laborales.
