Más de seis años después del primer intento hecho por la Asamblea Legislativa de tener un código de ética, el actual proyecto recibió la semana pasada la aprobación de los miembros de la Comisión de Etica y Honor Parlamentaria, que preside el legislador Lenín Sucre.
Aunque el proyecto fue aprobado por todos los miembros de la comisión José I. Blandón, José Luis Fábrega, Francisco Ameglio, Carlos Alvarado y Felipe Cano el proceso de discusión no fue fácil, declaró a La Prensa Lenín Sucre.
Sin embargo, Sucre dijo sentirse optimista con respecto a lo que sucederá en el pleno. Este es un compromiso que tenemos con la ciudadanía, para ir cambiando la imagen negativa que tiene la institución. Todos los legisladores estamos siendo afectados por la mala imagen de la institución, de manera que no podemos darle la espalda a esta demanda de los panameños, recalcó.
El proyecto consta de 20 artículos y mantiene el tipo de sanciones amonestaciones privadas o públicas que fueron criticadas en su momento por Transparencia Internacional (TI) y la Fundación Libertad.
En efecto, el artículo 16 del proyecto establece que las sanciones aplicables al legislador o legisladora que infrinja alguna de las disposiciones de este código, son las amonestaciones privadas o públicas. La amonestación privada tendrá carácter reservado, la amonestación pública no. La reincidencia en cualquier tipo de falta dará lugar a que se aplique la amonestación pública.
A principios de la actual legislatura, tanto TI como la Fundación Libertad presentaron a la Comisión de Honor y Etica Parlamentaria sus recomendaciones al proyecto, las cuales no fueron acogidas.
Además de negar la sugerencia de aplicar sanciones más duras, se desestimó aumentar las incompatibilidades en el ejercicio del cargo de legislador.
Saúl Maloul, representante de TI, dejó de participar en el debate de la comisión desde mediados de octubre pasado, debido a que las recomendaciones de la organización internacional no fueron acogidas por los legisladores encargados de darle primer debate al proyecto.
Las incompatibilidades que establece el artículo 10 del proyecto de Código de Etica a quienes ejerzan la labor legislativa, incluyen entre otras las siguientes actuaciones: valerse del cargo para hacer gestiones personales; solicitar o aceptar pago por discursos, conferencias o similares; solicitar o aceptar regalos que incidan en sus decisiones; recurrir a remuneraciones ilegales para lograr un favor de funcionarios; ejercer un cargo público o una profesión remunerada a tiempo completo; aprovechar en beneficio propio o de terceros cualquier información privilegiada; ausentarse sin justificación de las sesiones; usar indebidamente los equipos de oficina, los vehículos y los bienes a cuyo uso tenga derecho; utilizar recursos públicos para promoción personal o de los partidos políticos; proferir injurias, calumnias, acusaciones temerarias o amenazas contra colegas, etc.
Este nuevo intento por lograr la aprobación de un Código de Etica Parlamentaria, se suma a lo sucedido durante la presidencia del legislador Laurentino Cortizo, cuando se logró llegar hasta el segundo debate, sin poder atravesar esa última etapa con éxito.
