La severa condena contra el ex mandatario peruano Alberto Fujimori por abusos a los derechos humanos podría perturbar el tramo final del gobierno del presidente Alan García, quien se vería abrumado por denuncias de excesos cometidos en su primera gestión hace dos décadas. En un fallo histórico, una sala de la Corte Suprema condenó a Fujimori a 25 años de prisión por la matanza de 25 personas, entre ellos un niño, sentando un precedente para estos casos en un país que vivió una profunda guerra interna.
Fujimori, de 70 años, gobernó entre 1990 y 2000 con mano dura en su lucha contra las guerrillas izquierdistas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En esa lucha, tras asumir plenos poderes luego de cerrar temporalmente en Congreso en 1992 con el apoyo de los militares, Fujimori estructuró una estrategia de guerra sucia contra la insurgencia, según determinó la justicia peruana.
Activistas de derechos humanos dijeron que la condena a Fujimori activaría denuncias pendientes de abusos en gobiernos anteriores, como el de García durante 1985 y 1990. “En tanto se formulen cargos concretos contra García, que no han ocurrido hasta este momento, sí va hacer mucho ruido al Gobierno”, dijo Farid Kahhat, profesor de relaciones internacionales de la universidad peruana La Católica.
Organismos de derechos humanos tienen en curso denuncias como la matanza de cientos de rebeldes durante la primera gestión de García en 1986, luego de una violenta incursión militar –que incluyó aviones de combate– para sofocar motines en los penales Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara en Lima. Otros casos son Accomarca en 1985, cuando militares mataron a 62 personas bajo la sospecha de pertenecer a la guerrilla; y Cayara en 1988 cuando murieron 30 campesinos a manos de las fuerzas de seguridad en represalia por un ataque rebelde.
García, que en su segundo mandato ha llevado a que la economía del país registre uno de los mayores crecimientos del mundo, ha rechazado cualquier comparación a su gestión anterior con gobiernos que interrumpieron la democracia.
“El problema es que un hecho que aparentemente se parece, cambia cualitativamente de sentido cuando se interrumpe la democracia y aparece un fórmula dictatorial en que todo depende de una persona”, dijo García la semana pasada a periodistas.
Aunque la guerra interna en Perú dejó unos 69 mil muertos y desaparecidos, la mayoría entre 1980 y 1990, nunca se procesó a los presidentes por excesos cometidos por las fuerzas armadas. Representantes de organismos internacionales, que siguieron el juicio en Perú, calificaron de “hito” el fallo contra Fujimori en la lucha contra la impunidad en casos de abusos. “Es imposible cometer el crimen perfecto”, dijo el asesor especial de la secretaría general de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, respecto a la sentencia.
El internacionalista Kahhat enfatizó que si se judicializa una denuncia de violación a los derechos humanos antes de 1990, la percepción de los jueces sería diferente, dado el carácter de “gobierno autoritario” que ejerció Fujimori luego de su autogolpe el 5 de abril de 1992 con el apoyo militar.
“En una gestión democrática es más fácil desconocer hechos particulares frente a un gobierno autoritario que tenía dominio de los hechos”, afirmó el analista. Kahhat afirmó en tanto que las manifestaciones a favor de Fujimori anunciadas por su hija, la legisladora Keiko Fujimori, marcan el lanzamiento de una prematura campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales de 2011.
“Va ser difícil de sostener esa campaña sin levantar la animadversión de los rivales. El fujimorismo no tiene otra agenda sino la liberación de Fujimori”, refirió el experto. Keiko Fujimori figura primera en los sondeos de intención de voto, junto al actual alcalde Lima, Luis Castañeda.